Han pasado ya más de cuatro meses desde las elecciones, a través de las que fueron electas las personas que hoy nos representan en los poderes Ejecutivo y Legislativo, del orden federal, así como en los casos que corresponde, en los legislativos locales. Sin embargo, la mayoría de ellas, es decir, las morenistas y sus aliados, tienen más de siete meses de haber hecho público su respaldo a la continuidad de la transformación de la vida pública en México, bajo el diseño, la propuesta y el impulso de Andrés Manuel López Obrador.
Efectivamente, se están llevando a cabo reformas que modifican sustancialmente la estructura y el funcionamiento del sistema político, el sistema jurídico y la economía mexicanas. Aunque algunos de esos cambios ya se llevaban a cabo en la práctica, bajo la figura de los decretos presidenciales, ahora se están legalizando por medio de reformas a la Constitución y a las leyes secundarias.
Una de esas reformas, sin duda, tan trascendental e histórica como cuestionable y doctrinariamente contradictoria, está en proceso de ser ley vigente en los próximos días, misma con la que quedarán sepultados los derechos a interponer controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos tanto contra las reformas constitucionales, así como los que busquen defenderse de resoluciones emitidas por los órganos electorales.
Cerca de la una de la madrugada del día de hoy, entre protestas de la oposición y desorden en el pleno, el Senado de la República aprobó la reforma de los artículos 105 y 107 de la Carta Magna. Sin ningún problema, serán aprobadas también en la Cámara de Diputados, sin cambiar ni una sola coma. En más de la mitad de las entidades federativas también lograrán su aprobación por mayoría calificada y en fast track, replicando lo sucedido en los órganos federales.
Con su entrada en vigor, pues ya sabemos que no habrá ningún recurso legal que pudiera ser acatado, para evitar o dilatar su promulgación, quedarán blindadas todas las decisiones que tomen el Legislativo y las autoridades electorales, y no solamente las relativas a la reforma al Poder Judicial. No importará si no cumplieron los procedimientos legislativos o administrativos, si hubo o no el quórum que manden las leyes, si se ignora la soberanía de las entidades federativas, si se violan derechos humanos o si se aprueba un absurdo, del tamaño que usted se imagine, incluso aprobar, por ejemplo, la abolición de la propiedad privada o el paso de un gobierno democrático a uno dictatorial. Esas resoluciones serían constitucionalmente inatacables.
Quien piense que el futuro de la República es incierto, no comete ninguna exageración, debido que ya quedará claro que la mayoría gobernante podrá decidir lo que sea y como quiera, a nombre de la totalidad del pueblo mexicano, sin que nadie, dentro ni fuera del país, pueda legalmente hacer algo para evitarlo.
Si para usted eso es Estado de Derecho y Democracia, como para quienes lo están ordenando y aprobando, está en su derecho de pensarlo así. Pero también, están en su derecho quienes ven en esas reformas la legalización del autoritarismo, la concentración del poder y la regresión en materia de derechos humanos. Encima, por cierto, dígame si esas esas reformas contribuyen a combatir la corrupción, argumento con el que las sustentaron, o si permitirán todo lo contrario.
Y para iniciados:
Hoy sólo le dejo un par de preguntas. ¿Hacia a dónde va el Estado de Derecho, cuando los grupos criminales hacen explotar coches bomba, cierras carreteras, imponen pagos por extorsiones, asesinan a presidentes municipales, retan a los gobiernos y buscan el apoyo social para derrocar a un gobernador al que acusan de haberse aliado con sus adversarios y las autoridades únicamente responden que eso se está investigando y prometen que no habrá impunidad? ¿A dónde va a parar el Estado de Derecho, si el Poder Ejecutivo, en lugar de hacer uso de los recursos legales vigentes, decide legitimar sus desacatos con el visto bueno de un Legislativo que está a su servicio, y pretende enjuiciar a los juzgadores que no concuerden con sus puntos de vista e interpretaciones de las leyes, aduciendo que nadie puede estar por encima del pueblo? ¿Hacia a dónde va el Estado de Derecho?
La información es PODER!!!
