La iniciativa denominada como de “supremacía constitucional” que fue presentada por Adán Augusto López Hernández, de momento quedó pausada. Eso no significa que será desechada o retirada, sino sólo que habrá de modificarse.
Ayer, muy temprano, el legislador morenista anunció en una entrevista radiofónica que el artículo primero de la Constitución no sería objeto de adiciones o reformas, argumentando que habían sopesado la conveniencia política de entrar en el debate sobre la eliminación del control de convencionalidad y que seguramente, en el transcurso del día, retirarían la modificación propuesta al artículo primero.
En otras palabras, sea porque de verdad los morenistas y sus aliados hayan reflexionado o debido a que recibieron alguna instrucción desde Palacio Nacional, se percataron de la lluvia de críticas e inconformidades que pesarían, sí, sobre la Legislatura dominada por la aplastante mayoría transformadora, pero más sobre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pues se tiene muy claro que en el Congreso de la Unión se aprueba lo que decida e indique la presidenta, por lo que los reflectores nacionales e internacionales tendrían sus baterías enfocadas a señalarla mucho más a ella, que al conjunto de los legisladores.
Un par de horas después, Sheinbaum Pardo fue más allá. Sin dejar de manifestar su apoyo a la iniciativa, dijo entender que la modificación al artículo primero había sido retirada, junto con el transitorio cuarto, a todas luces ilegal, que ordenaba la retroactividad en la aplicación de la nueva norma, y que solamente se llevarían a cabo las reformas orientadas a reafirmar lo expuesto en las leyes secundarias, en el sentido en que ellos lo han interpretado, es decir, que el Poder Judicial no tiene facultades para revisar las reformas constitucionales y dejar eso explícito en la Carta Magna.
Eso complicó todavía más la discusión al interior. No obstante, mantener intocado el artículo primero constitucional, las reformas y adiciones a los otros tres artículos derivarían en la imposibilidad jurídica de que los ciudadanos y organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que se sientan agraviados por alguna reforma a las leyes fundamentales del país puedan ejercer algún medio de impugnación, ya sea la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad o el amparo.
Subsiste la duda y, con ella la preocupación, sobre ¿ante quién y con qué recurso podría exigirse al Estado que cumpla con lo dispuesto en los tratados internacionales firmados por México, en materia de derechos humanos, si la Corte estará impedida, constitucionalmente, para conocer y resolver al respecto? Pero eso no es todo.
Hasta donde nos dejaron saber el día de ayer, se mantiene la intención de blindar el proceso deliberativo, legislativo y su correlativa votación, así como el transitorio cuarto sería redactado de tal forma que obligue a la Suprema Corte a resolver las impugnaciones en curso conforme a las nuevas disposiciones, lo que de facto complica todavía más las cosas porque buena parte de las leyes secundarias no habrán sido modificadas todavía y, por tanto, serían obsoletas, inaplicables.
Tendremos que esperar a la redacción final de la iniciativa o a su retiro por completo, si es que el régimen está dispuesto a reconocer que con ella complejizan la aplicación de las normas constitucionales, encima de aparecer como niños berrinchudos que buscan cambiar las reglas del juego a mitad de la partida, simple y sencillamente, porque no les convienen.
Y para iniciados:
Las declaraciones de Alejandra Pani Barragán, titular de la Secretaría de la Contraloría, con relación a un gran número de expedientes rezagados, que podrían ser más de 36 mil, según sus revelaciones, algunos de ellos ya casi listos para ser judicializados, deben ser tomadas con la mayor seriedad y atención posibles. Son un signo de alerta. No cabe duda de que la extitular del área, América Berenice Jiménez Molina, deberá ser llamada a cuentas, junto con muchos otros exfuncionarios, y muy pronto. La contralora estatal dejó también muy claro que la decisión de llevar a cabo auditorías externas, que podrían ser herramientas para esclarecer el uso y destino de los recursos públicos, durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco Bravo, a fin de deslindar responsabilidades, está en manos de la gobernadora, Margarita González Saravia. Daremos seguimiento, claro, porque esto apenas comienza.
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