Morena y sus partidos aliados no arriesgaron, fueron por los 86 votos para aprobar, tanto en lo general como en lo particular, la mal llamada reforma al Poder Judicial, aunque esos votos no hayan sido los que la voluntad popular les dio en las urnas, sino que consiguieron con base en negociaciones, presiones y amenazas.
La oposición, en su conjunto, solamente alcanzó a contar 41 votos en contra, también en ambos casos, en medio de la más polémica, intrincada e histórica sesión parlamentaria del México moderno. El padre de un senador, un diputado local y el propio senador de oposición, imposibilitado para asistir a la sesión, por estar los tres incomunicados y presuntamente detenidos en forma irregular, sumado a la alianza con los Yunes, reiteradamente señalados por el presidente como corruptos y delincuentes, con investigaciones judiciales en su contra, reviven lo peor del espíritu corruptor del régimen hegemónico que juraron combatir, pero, a paso veloz, reconstruyen.
En los años por venir, para bien o para mal, el peso de la historia caerá sobre los nombres de las legisladoras y los legisladores que, pocos minutos antes de las cuatro de la madrugada del día de hoy, dieron por aceptadas las modificaciones a la Constitución para la sustitución de jueces, ministros y magistrados por los que resulten sorteados y luego electos, en muchos casos únicamente avalados por un título profesional y cinco cartas de recomendación de sus vecinos, pero que requerirán de la movilización del voto a su favor, misma que hoy está bajo el control mayoritario de Morena, de ciertos grupos del crimen organizado y de algunos poderes fácticos.
Habrá un Tribunal de Disciplina Judicial que, en forma inédita e inaudita, juzgará a los juzgadores, no por la calidad y el profesionalismo de su desempeño, sino por el sentido de sus sentencias. Los afectados por la desaparición de la Carrera Judicial no tendrán otra opción que estar esperanzados a que los tribunales nacionales e internacionales puedan resolver las demandas que presenten, antes de que los perjuicios adquieran el carácter de irreparables.
Ninguna de las modificaciones de la propuesta presidencial permitirá combatir la corrupción, ni en el Poder Judicial, ni en las policías o en las fiscalías y menos en el sistema de reinserción social, pero, eso sí, abre la posibilidad de un pronto control total de los poderes de la Unión bajo un mando, en la práctica, en la realidad, centralizado en la presidencia de la República.
El empecinamiento de cumplir con el mandato de López Obrador y entregarle su ofrenda de despedida, habiendo ignorado todas y cada una de las propuestas que fueron hechas desde los foros de consulta y hasta poco antes de la aprobación de la iniciativa, llevó incluso a que Gerardo Fernández Noroña tuviera listo el dictamen para aprobarlo con el ilegal truco de los 85 votos, pero que ya no tuvo necesidad de utilizar.
Sería estúpido justificar lo anterior, aduciendo que eso es lo que quiere el pueblo y así lo manifestó en las urnas y que, simplemente, así es la democracia. No. Así no es la democracia. El pueblo jamás votó por la desaparición de los equilibrios y contrapesos en el poder, ni tampoco votó para que los gobernantes estén dispuestos a violar o ajustar las leyes, con tal de cumplir con los designios presidenciales.
Todo lo contrario, así es como se destruye una democracia y se construye un régimen hegemónico, cuando no autoritario, que cierra todas las posibilidades a cualquier tipo de oposición u opinión diferente a la de quien tenga el poder.
Y para iniciados:
Hace un par de días todavía estaba escéptico sobre el proyecto de fondo, de largo alcance, que pretende llevar adelante el presidente López Obrador. Atando cabos, con lo sucedido, estos días, en el Congreso de la Unión, frente a las fuerzas armadas y en Morena, me queda bien claro. El todavía mandatario pretende que Claudia Sheinbaum termine de allanar el camino para que su hijo, al que llaman Andy, sea el heredero de lo que llama su legado político, primero como secretario general de Morena, luego como presidente de su partido y, finalmente, como candidato a la presidencia de la República en el 2030. Félix Salgado Macedonio ya lo destapó para esa candidatura. Ahora, todo cuadra. Tocará ver si la primera mujer que será presidenta de México asume su papel de titular del Poder Ejecutivo, con todas sus facultades y responsabilidades históricas, o si acepta seguir bajo el mando del patriarca, con tal de estar en el poder, por seis años.
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