Hoy concluye el último periodo ordinario de sesiones de la LV Legislatura del Congreso de Morelos. Éste, y el anterior Congreso, actuaron ya dentro del periodo de transformación propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus logros y pendientes merecen ser analizados con seriedad y profundidad, pues han tenido alcances significativos y dejarán experiencias a considerar para las legislaturas venideras.
Los especialistas en estudios legislativos, en tanto rama de la Ciencia Política, tienen muy claro que, si se modifica el diseño institucional, es decir, las formas en que jurídicamente se organizan, su composición, así como sus facultades y obligaciones, se producirán cambios que afectarán no solamente a la institución en sí misma, sino al resto de la estructura administrativa e incluso a la política, los partidos y las elecciones.
Por lo tanto, para el caso del Congreso de Morelos, la valoración de sus actividades institucionales resulta inentendible sin el análisis de la correlación de fuerzas y las alianzas legislativas que se produjeron, luego de la reforma que el gobierno anterior impulsó, reduciendo el número de diputaciones integrantes, de 30 a 20.
La propuesta estuvo fundamentada en la idea de reducir el gasto en el Congreso, aduciendo que era innecesario contar con 30 curules, que con 20 sería suficiente para cumplir con las responsabilidades que la Constitución asigna a este Poder, a esta parte del gobierno del Estado. Pero de fondo, de manera velada, Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso, impulsor y operador de la reforma, respectivamente, esperaban que el siguiente gobierno pudiera tener el control del Congreso.
Los cálculos les fallaron tanto que, no solamente no conservaron el poder estatal, sino el control de las decisiones colegiadas más relevantes, las que requieren de dos terceras partes de la votación para ser aprobadas, o sea, la mayoría calificada, pasó a manos de la oposición, tanto de la partidaria como de la individualizada, durante las dos legislaturas más recientes.
Una argucia ilegal, cuando los diputados leales al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo declararon como suficientes para constituirse en mayoría calificada a 13 y no 14 votos, dio un respiro temporal al Ejecutivo, en el pasado Congreso. Pero era ilegal, era una maniobra fraudulenta, que pudo ser revertida, pero no castigada. Eso sí, el control volvieron a tenerlo los opositores. Ojo, opositores a Cuauhtémoc, pero no necesariamente al régimen morenista, como fue el caso de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz y de las y los morenistas que decidieron no doblegarse.
Durante varios trienios, antes de la reforma, las Legislaturas fueron más oficina de trámite y convalidación, que de deliberación y formación de consensos. Las últimas dos y, particularmente la que está terminando, pudieron convertirse en protagonistas de la vida pública, ser un efectivo contrapeso para hacer realidad la división de poderes, en Morelos.
Solamente las y los propios diputados saben -a ciencia cierta y no por chismes- qué motivó, al final del camino, que aceptaran restituir la libre transferencia de recursos para el Ejecutivo local, que había sido, sin duda, un triunfo que dotó a la Cámara de Diputados de credibilidad en su autonomía e independencia, así como el nombramiento de Mónica Boggio Tomasaz Merino, como magistrada, por 14 años, que le asegura sueldo y fuero.
Si bien, existe la posibilidad de que pudiera convocarse a sesiones extraordinarias del pleno, no parece que eso pueda suceder, así que ya corresponderá a la siguiente Legislatura desahogar los pendientes. Dentro de 46 días entrará en funciones la LVI Legislatura y cómo quede finalmente conformada, visto con las dos anteriores, no es todo lo que importa, sino también si se producen coaliciones legislativas estables, en su interior.
Y para iniciados:
En el nivel federal deberían pensar muy bien las consecuencias a largo plazo de la reducción de 200 a 100 diputados plurinominales, porque en algún momento esa reforma, que hoy busca desaparecer a los partidos pequeños, reduciendo con ello el tener que tomar en cuenta las demandas de las minorías electorales, podría jugar en contra del régimen. El experimento no salió bien en Morelos y no vemos por qué pudiera salir bien en el nivel federal, claro, a largo plazo y no en lo inmediato. Es una cuestión de cálculo legislativo.
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