En un hecho inédito más en la historia política de México, fue elaborado y luego compartido con los partidos políticos nacionales, el Protocolo de Seguridad para ofrecer protección a las candidatas y los candidatos a puestos de elección popular, acordado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno Federal.
Las críticas al protocolo no se hicieron esperar. Comenzaron desde las mismas mesas de trabajo en las que se expusieron razones y exigencias. Los partidos argumentaron que deberían realizarse mapas de riesgo para saber en qué lugares sería más conveniente poner atención a la violencia desatada por los miembros del crimen organizado y la intromisión de estos mismos en los procesos electorales, así como que la seguridad no debe restringirse únicamente a la protección de candidatos, sino a todos los ciudadanos, para que puedan ejercer sus derechos políticos en paz y tranquilidad.
La propia consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que esas peticiones excedían las funciones del órgano constitucional responsable de organizar las elecciones, que los partidos tendrían que recurrir a otras instancias, o sea, a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Rosa Icela Rodríguez, y que el protocolo “no es de gustos, no se puede poner en riesgo al INE”. Taddei pidió a los partidos que cuiden a quiénes postulen a los puestos de elección popular y que eviten el uso de recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales. Los partidos opositores alzaron la voz, criticando el protocolo como burocrático e insuficiente.
Ya habíamos tenido antecedentes de la intromisión del crimen organizado en las elecciones mexicanas, e incluso habrá quienes digan que el dinero de procedencia ilícita y hasta la postulación de candidatos miembros de este tipo de delincuencia no es una novedad. Y tienen razón, no es un fenómeno desconocido y mucho menos reciente. Pero sí es la primera vez que un tema de esta naturaleza es tan relevante en la política nacional y en prácticamente todos los estados de la República, al grado de que el árbitro electoral ha reconocido que hay zonas donde el INE no ha podido entrar para realizar su trabajo, aunque Guadalupe Taddei se excusó diciendo que hay antecedentes de ello desde 1994.
¿Sabe usted en qué país vivieron circunstancias similares? En Colombia, cuando los grupos delictivos se habían infiltrado en todas las actividades de la vida pública y privada. Cuando los cárteles intervenían para aprobar o rechazar postulaciones, imponían a sus propios candidatos, financiaban campañas y llegaron al extremo de llevar a cabo actos de violencia, como los que hoy nos parecen, lamentablemente, ya muy comunes en México.
El gobierno y los voceros del oficialismo morenista se han empeñado en decir que la seguridad en el proceso electoral está garantizada, que no hay de qué preocuparse. Sin embargo, los hechos sí nos dan motivos de profunda preocupación, en algunos lugares más y en otros menos, pero vaya que los hay. Todavía no se han registrado las candidaturas y ya tenemos conocimiento de diversos asesinatos, amenazas y atentados contra la propiedad o la vida de personajes públicos. Si el gobierno federal y los gobiernos locales no se dan cuenta y atienden esto que pareciera la colombianización de la política mexicana, podríamos vivir no sólo las elecciones más grandes de la historia, sino también las más violentas, estigma con el que tendrían que cargar los que ya se van y los que lleguen después del dos de junio.
Y para iniciados:
Hay quienes están tratando de desmentir que Mayela Alemán Olvera aceptará ser postulada por Movimiento Ciudadano. Una vez que se concrete su candidatura, lamentarán no solamente su salida del PAN, sino el hueco que dejará en la coalición opositora. Con ello, el partido naranja tendría la posibilidad de subir sustancialmente sus preferencias electorales en Morelos. Muy bien por Movimiento Ciudadano, buena decisión. Muy mal por el PAN, que dejará de contar con un ala de peso en la configuración de fuerzas en Morelos.
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