Tendrá que haber una seria reflexión en los órganos legislativos pasadas las elecciones del próximo año. Las leyes electorales han quedado rebasadas, al mismo tiempo que los partidos políticos encontraron la forma de evadir su cumplimiento, simulando procesos internos que en realidad son actos anticipados de campaña y uso excesivo de recursos, cobijados en la opacidad acerca de su proveniencia.
Quienes aspiraban a ser candidatas y candidatos a los principales puestos de elección popular, pero vieron truncadas sus expectativas, siendo avasallados por las campañas de promoción, intensiva y extensiva, en diferentes medios de comunicación, incluidos por supuesto los espectaculares y las redes sociales, pero que decidieron cumplir con los tiempos dispuestos por la norma electoral o no contaron con dinero para pagarlos, simple y sencillamente quedaron fuera. Si pasa todo el periodo de precampañas, originalmente pensadas para que los partidos políticos pudieran seleccionar, a través de métodos democráticos, sus postulaciones a cargos de elección popular, y no hay ninguna sanción severa a las violaciones que han cometido los actores políticos y sus partidos a la normativa electoral, no es ninguna exageración decir que las disposiciones en la materia son ya, entonces, letra muerta.
Quedarían sentados los precedentes sobre cómo violar las normas, haciendo de los órganos electorales, incluso los jurisdiccionales, instituciones cuyas funciones constitucionales se ven restringidas y limitadas, haciéndolas obsoletas, al no contar con instrumentos legales que permitan el cumplimiento de las leyes y normas específicas, que, en su momento, significaron un freno al abuso del poder y dieron mayor fortaleza al sistema electoral mexicano, sí a través de lo que podría calificarse como sobre regulación, pero que también emparejaba el piso de la competencia electoral, haciendo de la equidad un principio ya no tan lejano de alcanzar y abriendo posibilidades para que en las decisiones del electorado influyeran más las propuestas y menos la cantidad de recursos que se gastan en las campañas, tanto en las anticipadas como en las demás.
Y todo esto fue generado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha evadido, una y otra vez, cumplir con las leyes, cuando éstas no convienen a su proyecto político, poniendo en jaque a las instituciones y restándoles tanto credibilidad como márgenes de
acción y decisión.
Yo veo dos vías para la siguiente y urgente reforma electoral: por un lado, la desregulación y, por otro, dotar de mayores atribuciones a los órganos electorales. Ambas tienen pros y contras. La primera, quitar las normas que ya quedaron rebasadas y se vuelven incumplibles o, por lo menos, no sancionables, pero que harían que volviera el tiempo en que los recursos económicos tendrían mayor peso que las ideas y, la segunda, dar la facultad al INE y a los OPLES de actuar por oficio, es decir, sin que tenga que haber una denuncia interpuesta por alguna persona a la que se le reconoce un interés jurídico legítimo. Pero de esas posibilidades hablaremos en otro momento.
Y para iniciados:
Una tensa calma se vive en Morena a la espera de que sea publicada la convocatoria para la designación de las candidaturas al Senado de la República en los nueve estados que faltan, donde habrá elecciones concurrentes con las de las gubernaturas. Eso se debe a que las negociaciones no se han terminado de amarrar. Para Morelos, por ejemplo, ya está definido, firmado y entregado el convenio que asigna al Partido del Trabajo la segunda posición y que tendría que ser para una mujer. Pero la titularidad de la primera fórmula sigue en disputa, pues la oferta de otorgársela a Víctor Aureliano Mercado Salgado fue puramente verbal y el golpeteo para que sea entregada a otra persona es un secreto a voces que cobra cada día mayor fuerza.
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