Por Gerardo Fernández Casanova//MundoMagazzine
Indudablemente en México padecemos un sistema electoral en extremo barroco y tortuoso. Una historia de insuficiencias y fraudes devino en una normatividad excesivamente parchada; creada como en una carrera permanente entre el vicio del fraude y la virtud que lo evitaría, siempre ésta a la zaga de la primera. El cuento de nunca acabar: En cada proceso electoral se estrenaban las reformas diseñadas para evitar las trampas del proceso inmediato anterior; los malandrines tomaban los siguientes años para elaborar las nuevas formas del fraude para aplicarlas en el siguiente proceso. Así periodo tras periodo se fue perfeccionando o parchando el sistema para volver a lo mismo: el fraude. La historia comenzó para combatir al régimen hegemónico del partido de estado surgido de la Revolución y asumió el rol de costumbre en el de las llamadas alternancias del siglo xxi.
La normatividad se volvió acuciosa para tratar de evitar distorsiones en el empleo de recursos públicos o privados de procedencia ilícita, así como en la determinación de los tiempos de la actividad política electoral. En lo que toca a los recursos resultó un rotundo fracaso al “ignorar” el financiamiento de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto y la masiva compra de votos vía Monex, mientras acusaba a López Obrador de rebasar los topes de gasto. Y por lo que se refiere a los tiempos de campaña se metió en el embrollo de decretar silencios a quienes buscan hacer política para lograr apoyos; verdaderamente una aberración inobservable o, por decir lo menos, ilusa y contraria al desarrollo político del país.
Hoy somos testigos de que la ley es errónea cuando todos la violan con subterfugios de ser procesos internos de organización. Tanto en la alianza de la transformación como en la opositora los llamados tiempos de campaña son olímpicamente despreciados. Indica lo anterior que la falla no es de los actores sino de una norma inoperante.
Un ingrediente importante en este intríngulis es el relativo al comportamiento de la autoridad electoral, determinado por el método de elección de los miembros del Consejo Electoral, anteriormente basado en el reparto de cuotas entre los partidos dominantes. En 2018 ganó un partido diferente a los antes dominantes cuyo volumen de votación no dio oportunidad al fraude (aunque se practicó) para cambiar el resultado. Sin embargo, en el Consejo Electoral permaneció la composición previa dominada por los ahora perdedores partidos y no tardó en mostrar su animadversión al partido en el poder, incluso con la anulación de sus candidatos a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán. Hoy hay una nueva composición del referido consejo, más equilibrada.
Los partidos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA, PT y Verde) optaron por un método de selección de su candidato presidencial mediante encuestas de opinión abierta, con cuatro participantes propuestos por MORENA, uno por el PT y uno por el Verde, que sólo van a elegir al Coordinador del Comité de Defensa de la 4T. Por su parte, la oposición padece las de Caín para diseñar su mecanismo en un Frente Amplio Opositor. Es obvio, en el primer caso se cuenta con el factor determinante del liderazgo de AMLO, mientras que la oposición sufre por buscar acuerdos horizontales.
Lo grave en ambos casos es que la democracia brilla por su ausencia. Nuestra tortuosa historia de fraudes impide que sean las bases, mediante consulta directa, decidan sobre las
candidaturas. Es una asignatura pendiente que deberá ser satisfecha a partir de 2025.
Noroña es pueblo y comprende lo aquí expresado.
