La Ley Fátima surgió por el feminicidio de la niña Fátima Cecilia Aldrighetti, de tan sólo 7 años cuando fue privada de su libertada el 11 de febrero de 2020, y fue hasta el 16 de febrero de 2020 la encontraron en una bolsa, abandonada y sin vida en un lote baldío, víctima de violencia y abuso sexual, por quienes se conoció después, sus perpetradores Gladys quien se la llevó y le quitó la vida y su esposo Mario Alberto «N» , quien abuso de la menor y planeo el homicidio, siendo su esposa Gladys quien lo ejecutara, y quien le llevó a su esposo para abusar de ella, con la amenaza de que sino le encontraba una niña pequeña para tratarla como «una novia», elegiría a una de sus hijas.
Así que ante la situación y la no acción de la Fiscalía regional de Xochimilco, sus familiares comenzaron la búsqueda e investigación de datos, dando como resultado conseguir los videos de las cámaras de seguridad, en donde se descubrió que una mujer se la había llevado de la primaria en la que estudiaba, y proporcionaron estos datos a las autoridades quienes iniciaron la detención de los sospechosos, pudieron arrestarlos finalmente.
Debido a la actuación negligente de la Fiscalía Regional, pues los familiares a presentarse a hacer la denuncia, la autoridad correspondiente no se movilizó para realizar la búsqueda de la menor argumentando que tenían que pasar 72 horas para iniciar la búsqueda, este hecho fue denunciado posteriormente por parte de Ana Katirira Suárez, abogada que llevó el caso quien señaló la omisión criminal por parte del Ministerio Público que no atendió a familia cuando se presentó a hacer la denuncia, hecho que pudo salvarle la vida si se hubiera actuado prontamente, así como el DIF que conocía los de violencia que sufría la menor,
El 8 de marzo del 2022 en la Cámara de Diputados, fue aprobada la Ley Fátima, el dictamen fue avalado por unanimidad en la Comisión de Igualdad de Género, y reformaría los artículos 7 y 49, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de modificar el artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y que establece la obligatoriedad de capacitación y adiestramiento de los servidores públicos en todos sus niveles de gobierno con perspectiva de género, especialmente en la atención de denuncias, y contar con los elementos necesarios para brindar una atención adecuada, que garantice el pleno ejercicio de sus derechos y eviten su revictimización.
