El enojo presidencial ya está por llegar a su punto más crítico. Con cada revés a las decisiones, programas y políticas que ha tomado Andrés Manuel López Obrador instruyendo, por sí o al través de la Secretaría de Gobernación, a sus legisladores, para que aprueben, sí o sí, lo que envía al Congreso y con la validación de sus decretos, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va quedando cada vez más al descubierto el verdadero talante de su proyecto político. La ley no es la ley para AMLO, a menos que sea la ley que le convenga, que concentre facultades en su persona y reduzca o prorrogue las posibilidades de que sean descubiertos y exhibidos los manejos al interior de su administración.
No habíamos terminado de leer la sentencia de la Corte sobre la invalidez del famoso “decretazo” con el que se elevaron a rango de seguridad nacional las obras insignia de la cuarta transformación, mismo que permitió al Ejecutivo reservar, ocultar, pues, la información sobre contratos, adjudicaciones, costos, trámites, cumplimiento de requisitos y demás, cuando ya había publicado otro decreto en el mismo sentido.
No se necesita bola mágica para saber que este nuevo decreto deberá correr una suerte similar. Sin embargo, sí representa una forma de ganar tiempo, de mantener en la opacidad la información que debería ser pública, estar al alcance de cualquier ciudadano que lo solicite y de amarrarle las manos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esperan, al menos, que tenga vigencia hasta que se hayan concluido las obras y, ojalá, ya hayan pasado las elecciones de 2024. A la luz de todo lo que hemos sabido en estos cinco años y medio, ¿no le parece a usted bastante claro que, si AMLO pudiera tomar las decisiones sin necesidad de reformas a la ley, sin pasar por el análisis de los tribunales y sin tener que rendir cuentas a nadie, simplemente lo haría y punto? Afortunadamente, todavía existen en México una Constitución que limita las facultades del Poder Ejecutivo, una división de poderes que evita la concentración de las decisiones en una sola persona y organismos autónomos e independientes, cuya misión es velar por el cumplimiento de las leyes.
Sí es cierto que hay mucho de corrupción que se debe corregir y sancionar en las instituciones. Pero en todas, incluyendo a la Presidencia de la República. Y que se puede mejorar el funcionamiento y la calidad de los organismos autónomos. Eso es lo que se debería hacer. No destruir ni someter, sino mejorar.
Los ataques contra el INE, el INAI, la Suprema Corte y todas las instituciones, públicas y de la sociedad civil, que estorban al poder presidencial forman parte de un plan. La intención de reformar al Poder Judicial para que los ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular no es, en realidad, que el pueblo tenga en sus manos la decisión de a quién pone, sino acabar con su actual composición para tener una nueva que sí convenga al gobierno, que le apruebe y convalide todo, aunque se encuentre fuera de la ley.
Y para iniciados
Paleros y vendidos se apresuraron a dar por ganadora a una de las dos candidatas al gobierno del Estado de México, minutos después del segundo debate, de ayer por la noche, sin el menor análisis y hasta inventando datos o realizando encuestas, de esas a las que llamamos patito. Claro que todos tenemos derecho de expresar nuestra opinión y preferencias. No obstante, una vez más vale la pena hacer un alto y no dejarse llevar ni engañar. Hay que ver bien el desarrollo del debate, los posicionamientos y el desempeño de cada una. Yo no tengo preferida alguna, pero no pude dejar de notar los pleonasmos, las evasivas y la falta de consistencia e ideas propias de Delfina. Probablemente la diferencia se haya acortado un poco, pero dudo mucho que sea suficiente para revertir la intención de voto a favor de Morena y sus aliados. Sin embargo, la moneda sigue en el aire.
La información es PODER!!!
