Por Rocío García
Haciendo el recuento de situación, con objeto de iluminar los porqués de las conclusiones que resultaron en medidas coercitivas, abusivas e ilegales en contra de motociclistas y conductores de Cuernavaca, recordemos que en octubre de 2022 el alcalde José Luis Urióstegui y el secretario de Movilidad y Transporte Víctor Mercado, en una reunión institucional, acuerdan un plazo que partiría del mes de octubre a diciembre para que los vehículos y motocicletas que circulan con permisos expedidos por municipios de Guerrero, tramiten sus placas de Morelos; acuerdo que se estableció como para conjuntar medidas de carácter administrativo para el ordenamiento de los negocios que ofrecen servicios de gestoría vehicular, poniendo a la venta licencias y permisos de circulación provisional de vehículos automotores, particularmente motocicletas, con documentos que son expedidos por municipios del estado de Guerrero, de los que deben acreditar su legalidad.
Para posteriormente arremeter en contra de la población dando como amenaza medidas administrativas, y detener a todos los vehículos que contarán con tales permisos, mismo que se dio a conocer en el stitio oficial del Gobierno Municipal de Cuernavaca https://cuernavaca.gob.mx, y que se detalló de esta manera:
«Hemos tomado una decisión, y hacemos una invitación a todas aquellas personas que circulan con permisos provisionales expedidos supuestamente por municipios del estado de Guerrero, para que a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre se regularicen, tiempo suficiente dos meses y medio, para que tramiten sus placas aquí en el estado de Morelos y se eviten ser detenidos y los vehículos lleguen al corralón”, expresó el presidente municipal, José Luis Urióstegui.
Lo que no se entiende, es que se espera que los ordenes de Gobierno representados por el Edil capitalino y el Secretario de Movilidad y Transporte, no hayan tomado en cuenta el marco legal, jurídico y Constitucional, para aplicar este tipo de medidas «a modo» y saltarse el mismísimo Reglamento de Tránsito, en función de lo que ellos llaman un «Propuestas para la Construcción de paz, en materia de prevención del delito», pues estas modificaciones al Reglamento de Tránsito deben de ser estudiados, y avalados, en los términos establecidos por la Ley, y apegados a Derecho, y dicha modificación tendría que ser publicada en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, no en diarios locales, no en medios informativos, para que más bien pareciera promoción política, en función «de hacer ver que están trabajando para mejorar la Movilidad y la Seguridad en Cuernavaca».
Lo que no se sabe es si al día de hoy como lo anunciaron, se habría entablado una comunicación institucional con el gobierno de Guerrero que es donde se emite el mayor número de permisos, de acuerdo a lo que el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos aseveró, al respecto:
» Víctor Mercado reiteró la buena relación del Gobierno del Estado con el Ayuntamiento de Cuernavaca, por lo que, en este tema en específico, gestionará una reunión con autoridades del estado de Guerrero, para que se informe sobre la legalidad o no de los documentos que emiten algunos de los municipios de la vecina entidad, informando de las decisiones que se han tomado en Morelos para prevenir hechos consecutivos de delitos.»
Sobre el tema el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura y la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de, Alicia Vázquez Luna, el alcalde de Cuernavaca, están de acuerdo, y enfatizaron «que los permisos con un supuesto origen de municipios del estado de Guerrero, no amparan a las unidades automotrices que circulan en Cuernavaca, y serán sujetas a su detención por parte de la policía vial después del periodo de gracia anunciado».
Pero a la fecha se les cuestiona, con que argumento pueden declarar que los permisos emitidos por cualquier estado son inválidos, y porque un orden de Gobierno o institución puede invalidarlos «a modo», nada más, por que sí, para que estos no sean aceptados en Morelos.
Pues nada, los que más sufren son el sector más desprotegido de la población, por el acoso de los agentes de tránsito, y por el abuso de invalidar dichos permisos, lo que representa un duro golpe a su economía, pues ya sabemos como se las gastan a la hora de aplicar las multas, y los abusos en los depósitos vehiculares «corralones» que no se apegan a la normatividad, que cobran lo que se les da la gana por el arrastre, y que hasta los mismos servidores públicos actúan con la mayor impunidad y abuso de autoridad, que son un viacrucis, para el ciudadano que cae en sus garras.
Ha habido un aumento en el parque vehicular de motocicletas, en el transcurso de un par de años a la fecha ha crecido en un promedio anual de un 22%, y en muchos lugares, como lo es el Estado de Morelos se habla de un 100% anualmente, un record en el mercado, propio del cambio vertiginoso en la actividad económica en general, cosa que sabemos se tiene que regular, pero con medidas inteligentes y apegadas a la Ley, y en el caso de nuestra Ciudad, considerando el factor económico, pues, está actividad la realizan mayormente repartidores, estudiantes, mensajerías, es decir, es un instrumento de trabajo para un sector muy vulnerable de nuestra población, que encuentra en este medio, una forma de disminuir su gasto, es estos tiempos de elevación de precios y de crisis mundial, Morelos no es la excepción.
Por el momento, han suavizado las medidas que ya habían anunciado, o bien, amenazado, y hemos escuchado a una Alicia Vázquez Luna comentar que sólo se detendrán las Unidades en las que el agente de tránsito tenga sospecha de que el permiso este vencido, ó bien, aparente ser «apócrifo», así que, puede ser un buen momento de recapitular, por el bien y en beneficio de la ciudadanía, que los acreditó poniéndolos en los puestos en los que están, y recordar que todo funcionario también es pueblo, un ciudadano que ejerce una autoridad en el orden de servir a sus gobernados, así que, dejemos de amenazas, y comenzémos a trabajar en soluciones.
