Pasados los exabruptos, los ataques y el enojo de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador por las potestas y marchas ya lanzó los de hoy, además de su molestia por los trascendidos sobre información reveladora de lo mal que va su gobierno y su personalísima manera de gobernar, vale la pena hacer un alto y reflexionar.
Ni todo es negro, ni todo es blanco. López Obrador no está por completo equivocado, pero tampoco lo están sus opositores. Llevar adelante una siguiente reforma electoral podría contribuir a consolidar la transición a la democracia en México. Fortalecer a las instituciones para combatir a la corrupción también debería permanecer en la agenda pública, así como los logros en materia de apoyos sociales a los sectores más desprotegidos. En eso podemos estar de acuerdo.
Pero una reforma electoral que vuelva a poner bajo el control del gobierno a los órganos electorales, como pretende hacerse con la elección popular de los consejeros y de los magistrados electorales significaría un retroceso y no un avance. Combatir la corrupción en que caen los adversarios del presidente y no de sus colaboradores y seguidores, es un contrasentido. Y otorgar apoyos sociales sin generar crecimiento económico y desarrollo sostenido, llevará a perpetuar y ampliar las condiciones de pobreza de grandes masas en México, como ya está sucediendo.
Desestimar, descalificar, acusar, juzgar, mentir y esconder son los elementos cotidianos que usa López Obrador, a lo largo de las tres o cuatro horas diarias en que gobierna, de lunes a viernes, desde su conferencia mañanera. Apuesta a que tendrá mayor credibilidad su palabra y serán más efectivos sus ataques, que los de sus adversarios, que la realidad y la sociedad en su conjunto. Como cualquier dictador, para él su palabra es la única que cuenta. Todo lo demás puede decirse, pero, de inmediato, será descalificado.
Uno de los reclamos de las marchas en más de 40 ciudades es la defensa de la autonomía y el carácter ciudadano de las instituciones, mismo que se extiende a organismos que ya lo perdieron, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, cuya presidenta representa al presidente y vela por cuidar al régimen. Otro, quitar al INE la responsabilidad de las credenciales de elector y dársela a la Secretaría de Gobernación, tema de lo más relevante, porque, yo no sé usted, pero al menos yo no quiero que mis datos personales estén en manos de gobiernos e instituciones en las cuales no confío.
Duro para López Obrador darse cuenta de que son muchas las voces en contra de sus pretensiones autoritarias y su discurso demagógico, porque no se trata de la prensa libre solamente, sino profesionistas, investigadores, profesores universitarios, médicos, enfermeras, científicos y siga usted la lista. A este paso, AMLO llegará a las elecciones del 2024 contando únicamente con el respaldo de los sectores más pobres, los de menores estudios o de baja calidad y de las huestes de su partido político que, andan en busca de un hueso o de mantener los que tienen.
Y para iniciados
Ya varias personas han percibido un deterioro mental en la salud del presidente, además de la física. Y no de ahora, sino desde el 2006, año en el que se declaró presidente legítimo de México y dio un sueldo de 50 mil pesos mensuales a los miembros de su gabinete legítimo. Pero el primero en pedir que mejor presente su renuncia al cargo, en términos del artículo 86 constitucional, pues le atribuye “perturbaciones psicológicas graves” es Porfirio Muñoz Ledo. No concuerdo con Muñoz Ledo. Yo creo que es mejor que el presidente demostrara que no está perturbado y continúe hasta el fin de su mandato. Y no se empeñe en hacer que creamos todos los días, lo contrario.
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