Las Fuerzas Armadas (FA) atienden a dos finalidades torales: la defensa de la soberanía nacional ante una agresión externa y el soporte de la institucionalidad del gobierno legal y legítimamente electo. La primera es una finalidad rayana en la obsolescencia puesto que México es un país pacifista y porque, en términos pragmáticos, la única agresión previsible sería la del ejército más poderoso del mundo, en cuyo caso, sólo la lucha de todo el pueblo podría responder. La segunda finalidad implica un cierto grado de conflicto en cuanto al diferendo entre la legalidad y la legitimidad, caso que sólo el pueblo soberano podría resolver, como lo hizo en julio de 2018. En su centenaria historia las FA han sido sujetas al marco institucional y, desde 1946, al mando civil que, en no pocas ocasiones, ordenó actuaciones militares incorrectas para reprimir y masacrar al pueblo, no sin la complacencia de sectores militares proclives a tal tipo de actuación y a la corrupción consiguiente.
El Presidente López Obrador, al iniciar su gobierno, tuvo que hacer acopio de valentía y de ejercicio de la autoridad moral derivada de la votación recibida, para tomar la grave decisión de elegir a los respectivos secretarios de la Nacional Defensa Nacional y de la Marina Armada de México; a despecho de la norma no escrita de seleccionar entre una terna propuesta por los altos mandos vigentes, se esmeró en investigar y analizar las otras posibilidades de candidatura, eligiendo a las personas que mayor confiabilidad le significaron, por su honorabilidad y su disciplina de respeto a la institucionalidad. Fue una decisión de muy alto riesgo pero tuvo venturoso resultado, sin dejar de dar lugar a descontentos y cataclismos al interior de ambos institutos.
A partir de este primer ejercicio de autoridad moral, el Presidente tomó clara conciencia de la potencialidad de las FA para coadyuvar eficazmente en las tareas de pacificación del país mediante la creación del marco constitucional idóneo, dando lugar a la creación de la Guardia Nacional soportada en el personal de las policías militar y naval para el reclutamiento de nuevo personal civil y su profesionalización, subrayando el respeto a los derechos humanos y los valores de la honestidad y la disciplina. A tres años de su creación la GN ha reclutado y capacitado a 220,000 elementos y ha sido dotada de equipos e instalaciones requeridos.
En el mismo contexto, el Presidente encontró un enorme potencial ejecutivo desaprovechado en las FA que, además significan un alto costo al erario. De ahí la decisión de encargar a los cuerpos de ingeniería del ejército la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles conjurando, además, la virulenta reacción por la cancelación de la obra en el Lago de Texcoco, con resultados de excelencia en calidad, oportunidad y costo.
Confirmada la bondad de tal decisión y experiencia, se profundizó en el aprovechamiento de las referidas capacidades, a partir de lo cual se han conferido otras responsabilidades al ejército y a la marina que, si bien desplazan elementos civiles formados en el esquema de corrupción que prevalecía, ofrecen una mayor garantía de correcto ejercicio de los servicios públicos encomendados.
No debe desconocerse que estas decisiones presidenciales le brindan una importante responsabilidad compartida por las FA y su consecuente solidez política. Los adversarios del régimen han visto frustrados todos sus intentos por conseguir respaldo militar a sus pretensiones golpistas, sin desconocer que existan elementos conservadores entre los mandos militares y navales, debidamente neutralizados por la disciplina y la autoridad moral.
La estrategia reaccionaria ahora se ha volcado a una pretendida descalificación de las FA y sus mandos, empleando todo su arsenal de infundios y triquiñuelas. Otra tarea ineficaz; el INEGI confirma el alto grado de aceptación social a la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, como también registra avances en la percepción de seguridad de la población. Indudablemente vamos bien, querido Sancho.
