Por Marcos Pineda
PERSPECTIVA Por Marco Pineda
La propuesta de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador no logrará consenso. Y tampoco alcanzaría los votos suficientes para ser aprobada en el Congreso de la Unión pues, aunque el PRI se volviera a sumar a Morena en la Cámara de Diputados, en la de Senadores correría un destino parecido al del reciente intento por extender las labores de las fuerzas armadas en seguridad pública hasta el 2028, a menos que también consigan doblar a Miguel Ángel Osorio Chong o a varios de los senadores de su bancada, como lo hicieron con Alejandro Moreno Cárdenas.
Sin embargo, sí servirá como un distractor para que los ojos de ciertos sectores se orienten a debatir temas, con mayor o menor profundidad, en forma frívola o seria, según el caso. Buena parte de los interesados en el debate, incluso de los mediáticamente connotados debido a sus trayectorias políticas o administrativas, no aportarán sino elementos para debates con poco o nada de sustento. En realidad, no son especialistas. Varios de ellos han hecho un papel vergonzoso cuando han presentado exámenes sobre conocimientos electorales.
Ya hemos escuchado que, en el ámbito local, la intención de desaparecer a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), en el caso de Morelos el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), hay quienes han manifestado su adhesión a tal barbaridad. No sé si con gala de estridencia o de ignorancia, pero con ello muestran que, por lo menos, no han analizado el tema a fondo.
El argumento fundamental que esgrimen es el del ahorro de recursos, pues suponen que el INE o el organismo que surgiera de la reforma electoral podría hacerse cargo de todo lo que hoy hacen los OPLES. Pero no es así de simple.
De entrada, no toman en cuenta ni los principios que rigen la vida democrática en una Federación, compuesta por estados libres y soberanos que, al menos en teoría, deberían tomar sus propias determinaciones, bajo el marco constitucional federal, ni tampoco las consecuencias operativas y
administrativas de una centralización con esa magnitud.
Hay muchos más argumentos, pero déjeme poner uno, como claro ejemplo. Hoy en día, los consejos electorales locales, a cargo del INE, funcionan únicamente durante los procesos electorales, porque su responsabilidad así lo amerita, no se encargan de nada relativo al sistema de partidos en el nivel estatal, sólo a lo federal. Desaparecer los OPLES implicaría la formación de consejos electorales locales permanentes, que asumieran toda la carga que en nuestros días lleva, por ejemplo, el IMPEPAC. Y eso sólo es posible si se construyen estructuras administrativas y operativas, ya de suyo más costosas que los sueldos que habrían de pagarse a los consejeros. Y, a menos que quieran que funcionen bajo carencias y deficiencias, como lo hacen todas las instituciones que la transformación de cuarta ha reformado, ¿cuál ahorro podría obtenerse?
Los OPLES están bajo la mira, y quienes se muestran convencidos del ahorro que supondría su desaparición o no ven o no quieren ver el fondo: la intención de centralizar todavía más las decisiones en materia de procesos electorales y consultas ciudadanas.
Y para iniciados
Andrés Manuel volvió a negar lo evidente. Nada más que ahora negó hasta sus propios datos. O sea, que ahora tiene otros datos que contradicen sus propios datos. No tiene manera de ocultar que en su sexenio se registran más homicidios dolosos que en cualquier otro sexenio, incluidos los de Felipe Calderón y Enrique Peña. Pero lo niega. Que desconozca los datos que aportan otras personas, ya es pan de todos los días, pero que niegue sus propios datos ya es totalmente kafkiano.
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