Por Rocío García
El pasado lunes 12 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha puesto el dedo en la llaga, cuando se le ha cuestionado sobre el Presupuesto de Egresos 2023, en el cual informó que se aumentó la deuda pública del país en un 26%, durante su administración, esto debido a que una parte muy importante se destina para pagar los intereses generados por el rescate bancario FOBAPROA, organismo que fue creado en 1990, y que posteriormente convirtió la deuda privada de la banca a ser pública, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
No obstante fue hasta 1994, que el organismo término por absorber la cartera vencida de los bancos en los siguientes años, en el periodo de Ernesto Zedillo, para devolver solvencia a estos y como forma de proteger el ahorro de los clientes y fondos de inversión, cuando las Instituciones financieras se declararon en quiebra.
El resultado final y llamado epistemológicamente «rescate», que no «endeudamiento» cual debió ser, fue premeditado primero por Salinas de Gortari, pero consumado por Ernesto Zedillo, quien en 1998 propuso que el FOBAPROA se convirtiera en deuda pública, lo cual fue aprobado por mayoría en el Congreso. Así, a partir de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 12 de diciembre de 1998, el Fobaproa fue sustituido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB. En esta lectura, no hay actores neutrales, pues fue una aprobación consensuada por los partidos políticos, hay una globalidad de responsables de los que poco se conoce.
Sin embargo, la lectura de esta acción se focaliza en una sola personalidad, y no en la globalidad de la aprobación del grupo en el Congreso. Así, en noviembre del año 2000, el Ejercito Zapatista (EZLN) increpó por carta a Zedillo, a este respecto, protestando en un comunicado que decía:
«Usted llegó al poder por la vía de un crimen que, a la fecha sigue impune. Además de llevar adelante las políticas de privatización de su antecesor, usted disfrazó de legalizad ese otro crimen que se llama Fobaproa-IPAB, y que consiste, grosso modo, no sólo en que los mexicanos pobres «rescaten» a los ricos, y los hagan más ricos, también en que esa pesada carga comprometa a varias generaciones futuras».
El dato económico duro, actual y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que la deuda ha alcanzado Un billón 040, 507 millones de pesos, cifra hasta diciembre de 2021, y que corre y seguirá corriendo, y tendrán que cubrir los contribuyentes, una deuda la cual continuará al menos por 40 años más.
Hoy día múltiples voces se levantan, ante lo que es agravio consumado, y un abuso del cual el Pueblo de México se haya cansado, en una deuda que abarca una gran parte del presupuesto que debía destinarse a otras partidas en beneficio y bienestar de los mexicanos. A este respecto se han hecho propuestas, como la del Partido del trabajo, en voz del Senador Joel Padilla que en 2019, presentó la iniciativa de Reconocer la verdad sobre el Fobaproa, que ha dejado a cada mexicano con una deuda histórica a través de una auditoría y especificar la periodicidad del mecanismo de auditoría para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, manteniendo una férrea vigilancia sobre sus actividades.
¿Será que esta nueva fuerza política, en esta nueva vida pública, pueda en su actividad sustantiva y «fuerza transformadora» , revertir las consecuencias de tan negativas decisiones?
