Perspectiva Electoral
Por Marcos Pineda
Una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó, por mayoría de diez votos contra uno, la remoción de Ana Isabel León Trueba como consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), una serie de consideraciones, más o menos válidas, según el caso, se ventilarán acerca de cómo han procedido ambos organismos autónomos especializados en la organización de las elecciones.
La conclusión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, concluyó que León Trueba es responsable de dilatar la entrega de las conclusiones sobre las indagatorias del presunto cobro de siete millones de pesos de Cuauhtémoc Blanco para aceptar ser candidato del Partido Socialdemócrata a la presidencia municipal de Cuernavaca, en el año 2015.
El principal argumento de los miembros del Consejo que votaron a favor de la resolución por la que Ana Isabel León fue destituida, se basa en que esta última contaba con las facultades para lograr que se emitieran resultados y determinaciones, de forma diligente y eficaz, pero no lo hizo, por lo que a juicio de los consejeros electorales nacionales incurrió en omisión e incumplimiento de sus funciones.
Por lo que corresponde a los méritos, iniciativas y compromiso con causas democráticas de las mujeres y los indígenas de León Trueba, que ella misma y sus defensores esgrimen a su favor, nadie los escatima ni minimiza. Todo lo contrario. Deben ser reconocidos en su justa dimensión. Sin embargo, no son motivos suficientes para evitar su destitución.
La hoy exconsejera presidenta arguye que ella no cuenta con facultades para sustanciar ni resolver sobre los procedimientos ordinarios sancionadores y echó la culpa del retraso al entonces secretario Ejecutivo del IMPEPAC y al acuerdo que sostuvo con las autoridades del INE, a fin de que los dictámenes finales no fuesen contradictorios.
Mientras Isabel León busca la manera de impugnar la resolución del Consejo General, el INE habrá de llevar a cabo los procedimientos que establece el Reglamento para la sustitución de consejeros electorales locales, en el estado de Morelos habrá una discusión sobre qué tanto y en qué sentidos se afectará al proceso electoral local y no faltarán quienes se rasguen las vestiduras por este hecho, que no pone en riesgo la realización de las elecciones, pero sí en entredicho la manera en que funcionan en su interior los organismos electorales.
Ahora resulta que los acusados, Cuauhtémoc Blanco, José Manuel Sanz y los hermanos Yáñez, de haber pactado la inmoral e ilegal contratación de una figura pública del espectáculo para ser candidato, no son y no serán ya investigados ni sancionados, pero León Trueba ya fue destituida, en medio de una polémica sobre si este procedimiento forma parte de una argucia política, para quitarla de en medio por no convenir a los intereses del ahora gobernador de Morelos.
Hay evidencia más que suficiente para afirmar que León Trueba fue aprendiendo en el camino y de que hizo un gran esfuerzo para remontar las carencias formativas con las que llegó al cargo. Pero hoy parece que su desconocimiento de las normas, facultades y alcances de sus atribuciones, durante el primer proceso electoral que le tocó conducir, en 2015, ahora le cobraron factura.
Y para iniciados
Encima de todo ello, ojalá que no se olvide revisar la actuación de los órganos jurisdiccionales en este asunto, como es el caso del Tribunal Estatal Electoral, cuyo entonces presidente, Hertino Avilés Albavera, quien, por cierto, en repetidas ocasiones obtuvo bajas calificaciones en los exámenes de conocimientos electorales, todas las veces que ha intentado ser consejero electoral, porque no debería suceder de nuevo que fueran desestimados los procesos sancionadores, por motivos puramente formales, dejando a los delincuentes electorales en absoluta impunidad y hasta en el poder.
Excelente jueves.
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