Francisco Hurtado Delgado
Es previsible que el proceso electoral del 2021 sea muy complicado, sin duda este fenómeno político es provocado por la terrible pandemia del COVID-19, desde luego, estaremos viviendo los efectos y consecuencias de esta realidad amenazante, en gran medida dependerán de las decisiones del gobierno en turno y a donde quiera anclar esta pesadilla viral, con las políticas públicas que se adopten y ejecuten en economía, salud y educación entre otras.
Pero bien, la vida tiene que continuar, una pandemia no debe eliminar la democracia que tanto trabajo y sacrificio nos ha costado edificar, ni arrebatar a la ciudadanía el derecho de elegir a sus gobernantes; es la razón por la que tendremos elecciones este año venidero en México para 15 entidades federativas, entre la más notable, será la de Baja California con la reciente anulación de la llamada Ley Bonilla y que reduce el periodo de 5 a 2 años para gobernador del Estado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en días pasados anuló por unanimidad de votos la inconstitucional y aberrante multicitada “Ley Bonilla”, porque alteraba flagrantemente los resultados de un proceso electoral, al determinar por una Ley a “modo”, una gubernatura que se decidió en las urnas con votos ciudadanos y que poselectoralmente se amplía el periodo de gobierno.
Muchos estudiosos del derecho constitucional han calificado esta intentona de reforma electoral de fraude a la Constitución, violando principios rectores y democráticos de la carta magna como la de elecciones libres, auténticas y periódicas, pero sobre todo, de certeza jurídica; el Congreso local de California trastocó el proceso electoral concluido, emitiendo una ley que producía un fraude a la Constitución, toda vez que los votantes de esa entidad emitieron su voto con conocimiento para elegir una gubernatura por dos años, y no por un ejercicio de cinco con la modificación que se legisló a posteriori, porque cuando los votantes acudieron a la urna fue por un cargo y por un periodo determinado previamente establecido en la norma constitucional.
Es categóricamente una violación al voto público, a la soberanía nacional y más notable a la Constitución Federal en los artículos 4, 14, 35, 39, 40, 41, 105 y 116 porque la democracia no termina en las urnas, sino en el respeto a la voluntad popular y a la materialización democrática de una nación.
En el 2021 se llevarán a cabo las elecciones intermedias y esperamos que el marco constitucional que las rige prevalezca y no haya brotes de tentaciones antidemocráticas que pretendan aprovechar la contingencia de la pandemia, para vulnerar nuestra vida democrática.
