Francisco Hurtado Delgado
Desde el pasado 21 de abril el gobierno federal declaró la contingencia sanitaria en México, marcando el inicio de la fase tres de la pandemia COVID-19, ante esta situación sanitaria algunas autoridades estatales y municipales, han intentado establecer medidas restrictivas semejantes a un Estado de Excepción; cabe preguntarse si estas medidas ¿son constitucionales?
En este sentido y atendiendo estas acciones desde un contexto legal, son consideradas violatorias a los derechos humanos, con severas derivaciones jurídicas contra la sociedad, en virtud que estas restricciones solamente pueden ejercerse en caso de un Estado de Excepción. El artículo 29 de la Constitución Federal, debe observar la obligatoriedad de ocho principios internacionales: Principio de legalidad, Proclamación, Debida notificación, Temporalidad, Amenaza excepcional, Proporcionalidad, No discriminación y Compatibilidad.
Solamente bajo estas obligatoriedades se podrían realizar actos de autoridad y no como los que de manera arbitraria realizan algunas autoridades municipales o de Estado, sin embargo, el mecanismo de combatirlas sería a través de juicios de amparo. Por otra parte, por sentido común ante la pandemia del COVID-19, todos debemos ser responsables de nuestro comportamiento, porque como citan algunos estudiosos de los derechos humanos, particularmente en los Derechos Colectivos como lo señala Gross Espiel, que estos derechos son en los que debemos ser solidarios y; sobre todo, exige una labor anticipada de protección, ya que no es dable esperar a que se produzca el daño y con carácter participativo, porque exigen los derechos colectivos una definición de los niveles de riesgo permitido dentro de los cuales pueden ejercerse actividades productivas socialmente peligrosas.
Como he reiterado en otros artículos, lo que estamos viviendo de esta pandemia es inédito y más allá de estar pensando en una declaración de Estado de excepción, se debe ir trabajando en leyes que puedan adecuarse a las necesidades actuales, como son en políticas públicas de salud y economía. Y por otra parte, la concientización humana con acciones solidarias, con valores éticos y morales, que urgen en las generaciones de hoy y del mañana. La responsabilidad es de todos en el ámbito de sus obligaciones y responsabilidades y no aprovechar la contingencia con fines políticos, antes que nada está el derecho a la vida y a la salud. Sin salud no hay trabajo ni economía.
