José Martínez Cruz, Director General de la Primera Visitaduria de la CNDH.
Si infancia es destino, no hay futuro posible si no se respetan los derechos de las niñas y los niños hoy. Si se priva de la vida arteramente a una niña que apenas cumplió tres años de edad y se le arroja en vía pública, se llega al grado de ignominia de una sociedad que permite que le arranquen los ojos para no ver el grado de violencia feminicida que ello implica. Nadie debería ser insensible al dolor de niñas y niños. Lograr que los derechos humanos universales estén garantizados a partir del principio del interés superior del niño y la niña, debería significar que no exista discriminación ni desigualdad que los condene a padecer por su origen o condición social, abuso o maltrato por parte de quienes tienen la obligación de tutelar sus derechos a los cuidados y a la educación que requieren para construir su propio destino. En México habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes (en términos relativos, representa el 35% de la población). Las cifras más recientes del CONEVAL que a 2018, el 81.5% de la población menor de 18 años vive en condiciones de pobreza, de los cuales 9.3% se encuentra en pobreza extrema, 40.3% en pobreza moderada, 23.4% es vulnerable por carencias sociales, 8.5% es vulnerable por ingresos y sólo 18.4% se considera no pobre y no vulnerable.[1] Las cifras se agudizan cuando hablamos de población indígena, pues de acuerdo a UNICEF, en 2017 el 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas vivía en pobreza.[2]
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), advierte que el 22.5% de niñas y niños entre 9 y 11 años, y que el 36% de adolescentes entre 12 y 17 años, opinó que en México sus derechos se respetan poco o nada, lo cual evidencia una percepción negativa de los titulares de los derechos. Durante el ciclo escolar 2018-2019 estuvieron inscritos 25,493,702 de niñas, niños y adolescentes, lo cual representa una tasa de escolarización del 93.1% a nivel nacional, cifra menor en comparación con el ciclo 2017-2018 en que ésta ascendió a 94%[3]. Por otro lado, casi 2.5 millones de niñas y niños en pobreza no asisten a la escuela, poco más de medio millón de niños indígenas no tienen acceso a la escuela y aproximadamente 208 000 niños con discapacidad enfrentan mayores retos para acceder a la educación obligatoria. Asimismo, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del CONEVAL refleja que 700,000 niñas, niños y adolescentes indígenas, no asistían a la escuela por motivos económicos.[4]
Respecto a la violencia en el hogar, el Panorama Estadístico de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes en México de UNICEF,[5] señala que el 14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo; al 13.2% los insultaron o se burlaron de ellos y ellas, un 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado, al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron, un 10.1% sufrió amenazas de ser golpeado o golpeada, y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado. La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y UNICEF, revela que el 63% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 14 años es sometido a formas de castigo físico o psicológico por algún integrante de su familia, mientras que el 6% recibe castigos severos. Datos de ONU Mujeres 2014, señalan que 23 mil adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron alguna agresión sexual, así como que 747 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 años participaban en alguna actividad económica. En el Mapeo sobre mecanismos comunitarios de protección infantil, presentado por la organización internacional ChildFund México en 2018, se estudiaron 44 comunidades en los Estados de Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, en las cuales se encontró que, por lo general, no se habla abiertamente de los casos de abuso sexual, sino que se consideran “problemas de las familias” que deben ser resueltos al interior de las mismas, ello debido a que, en su mayoría, los agresores son familiares de sexo masculino. Asimismo, se detectó que, aunque las personas muestran una gran preocupación por el mejor desarrollo de niños y niñas, la mayoría desconocen las formas de prevenir situaciones de violencia sexual. En materia de educación, se tiene registro de que los casos de acoso escolar y violencia en las escuelas se han incrementado en los últimos años. De acuerdo con la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras,[6] en México 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de acoso a diario, es decir, de los más de 40 millones de alumnos de primaria y secundaria en el país, alrededor de 28 millones padece esa forma de violencia.
Como se advierte en el Estudio de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México 2018, en México se tiene registro de 36,265 personas desaparecidas de las cuales el 18% tiene entre 1 y 17 años. El 92.7 % de esas desapariciones han ocurrido entre 2010 y 2018 con una tasa de 15.1 de niñas, niños y adolescentes desaparecidos por cada 100 mil habitantes. En México no existen datos precisos del número de personas menores de 18 años reclutadas por el crimen organizado, aunque las cifras sobre personas desaparecidas ofrecen una aproximación, pues la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha documentado casos sobre el reclutamiento forzoso y desaparición de niños y jóvenes por parte del crimen organizado en los estados de Chihuahua y Guerrero, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada de casos sobre secuestros de personas menores de edad en contexto de movilidad.
El Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicado en este año, evidencia que a nivel nacional el 20% de las adolescentes entre 15 y 17 años experimentó alguna forma de violencia en el ámbito familiar durante 2015. La violencia emocional es la más frecuente (15.7%), seguida de la violencia física (8.5%) y económica (6.2%). Asimismo, la proporción de mujeres adolescentes que sufrió violencia sexual en su ámbito familiar fue de 1.8%.
En México, como evalúa Cynthia Harumi, del programa de niños, niñas y adolescentes de la CNDH, estamos transitando una etapa determinante para quienes, más que en ningún otro momento histórico, conocen, ejercen y exigen respeto por sus derechos ante las autoridades, sus profesores, cuidadores, sus pares e incluso, sus propias familias.
Ninguna medida punitiva, como el operativo mochila que criminaliza, ni la negligencia que los ponga en riesgo, mucho menos el abandono a su suerte ante la violencia cotidiana. El futuro de niñas y niños se construye hoy con amor, respeto y la lucha por su derecho a la alegría.
