Por José Luis Garcitapia
José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Gubernatura, y Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Hacienda, son los nuevos objetivos de una campaña de desprestigio, pero ahora pretenden involucrarlos con la venta de protección a grupos criminales dedicados a la venta de drogas y cobro de piso en Morelos.
Por si no fuera grave la situación de inseguridad y violencia que vive Morelos, mismo que hoy se ubica entre los estados más inseguros del país, ahora nos dicen que desde el Gobierno del Estado, que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, se protege, promueve y se incentiva la comisión de delitos.
Ya no es el gobierno de Graco Ramírez el culpable de todo lo malo que pasa en Morelos, ni la incapacidad del gobernador ni la falta de una estrategia de seguridad. No, ahora es la venta abierta, y al mejor postor, de la plaza. Bueno, cuando menos ese es mensaje que nos pretenden dar.
Lo cierto es que José Manuel Sanz dejó de ser el hombre fuerte del gobierno, quien a nombre de Cuauhtémoc Blanco tomaba decisiones y daba órdenes, y junto Alejandro Villarreal -y su grupo- ya no gozan de la confianza del gobernador ni la amistad de su hermano, Ulises Bravo Molina.
Ambos, Sanz y Villarreal, están enfrentando a un enemigo más ambicioso y con menos escrúpulos que Cuauhtémoc, capaz de todo y decidido a aliarse con quien sea para tener el control total de la administración, tanto en lo político como en lo financiero, y al que no le importa manchar la imagen del gobernador ni del gobierno.
Así, en cuestión de horas aparecieron videograbaciones para denunciar complicidades criminales de Sanz y legisladores se ponen al servicio del nuevo mandatario para atacar a Villarreal.
En una de esas grabaciones, un sujeto -vendado de los ojos- denuncia que José Manuel Sanz Rivera, representante de Cuauhtémoc Blanco como deportista y actual jefe de la Gubernatura, vendió la plaza (el Estado) a un grupo criminal dedicado a la venta de drogas. En la misma grabación se hace referencia de la “diputada Tania Valentín”.
En otra grabación, el mismo sujeto, habla de las acciones criminales que han cometido bajo esa protección, como ejecuciones, atentados contra bares, cantinas y lotes de automóviles, venta de drogas, cobro “piso” a negocios, además de sus nexos con los colombianos prestamistas (gota a gota), el pago a policías y políticos para tener protección.
En esta grabación, mencionan a dos personajes, primero al regidor Romualdo Salgado, a un abogado de nombre Eduardo Rojas Reséndiz, “de la PGR”, Manuel Machado Agüero y Guadalupe Maldonado, elementos de la Fiscalía General del Estado, y un hijo de Marco Antonio Adame Castillo, exgobernador y actual diputado federal.
Paralelamente, a nivel político, el diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado, afirmó que el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal, por acción u omisión está obstaculizando las tareas de seguridad pública o de plano desde su posición está ayudando a los grupos criminales a operar en Morelos.
Argumentó que de acuerdo con la información que les proporcionó en la comparecencia privada el titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, “Villarreal está poniendo piedritas, por así decirlo, en la operación de la seguridad pública del estado” al no entregar recursos a la CES.
Esto apenas empieza. Aún nos faltan muchas cosas que ver y oír, pero mientras eso sucede no hay quién pare la violencia e inseguridad que priva en Morelos. Todo es una lucha por el poder político y económico, en donde los morelenses no cuentan, no aparecen, no interesan.
@PepeGarcitapia
