Francisco Hurtado Delgado
La Democracia en cualquier parte del mundo, se debe regir bajo el respeto de la normatividad establecida constitucionalmente, así mismo, debe estar al resguardo efectivo del Estado de Derecho, pero ¿Qué fue lo que ocurrió en las pasadas elecciones para gobernador del Estado de Baja California Norte?
El ciudadano Jaime Bonilla resultó triunfador en esa entidad, acreditándolo con la constancia de mayoría entregada por el Instituto Electoral competente solo por un año ocho meses, así mismo ratificando la victoria a través de la resolución emitida por el TEPJF, pero por un año y ocho meses, tal y como se emitió en la convocatoria en su momento por el Instituto Electoral, así también como lo estableció el Congreso Legislativo de ese Estado, en los transitorios de la reforma constitucional en el año 2014, con el fin de empatarla con la elección federal.
El pasado primero de noviembre de 2019, protestó al cargo Jaime Bonilla como Gobernador por el Estado de California, pero por cinco años, no por un año ocho meses, lo que evidentemente y de manera flagrante se aprecia una violación constitucional y al Estado de Derecho; al respecto cito solamente dos argumentos notables:
Primero se viola el artículo 105 constitucional, en el que se establece que cualquier cambio a las reglas electorales deberán ser 90 días antes del inicio del proceso electoral; lo que se hizo en California, fue modificar después de la elección la temporalidad por la que se gobernaría en ese Estado, agregando que la ciudadanía votó en las urnas para una gubernatura de un año ocho meses y no por cinco años.
Segundo, después de la elección constitucional, el Poder Legislativo de Baja California, emitió una “consulta” a realizar para que la ciudadanía decidiera, si sería la Gubernatura por un año ocho meses o por cinco años; Consulta como mecanismo de participación ciudadana, que no se establece en la Constitución de ese Estado, resultando solo la participación del 1.9 % de la lista nominal electoral, es decir, se contaron 53 mil 419 votos de los 2 millones 811 mil 75 electores que tiene ese Estado, de los cuales 45 mil 030 (82.5%) fueron a favor de la ampliación del mandato; 8 mil 186 (15.32%) en contra; y 203 nulos (0.43%).
Lo anterior es una evidente violación a la Constitución Federal, un golpe bajo al Estado de Derecho y; lo peor, socialmente hablando una ofensa a la inteligencia de la ciudadanía californiana, pero más a tod@s l@s mexican@s, que puede ser un evidente precedente para el futuro, no omitiendo mencionar que se encuentra sub judice (pendiente en decisión judicial) en la SCJN por las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas por partidos políticos y por la Comisión de Derechos Humanos en su oportunidad.
Este hecho lamentable para nuestra vida democrática no debe quedar en el olvido y sin una respuesta contundente y convincente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concluyo citando que para que no haya impunidad y opacidad, debemos exigir observancia estricta a nuestro marco Constitucional, al Estado de Derecho Democrático y a la parte Social.
