Francisco Hurtado Delgado
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos
De acuerdo con la historia político-electoral de nuestro país, podemos destacar que la impartición de justicia electoral ha sufrido cambios en sus reglas e instituciones en función de las exigencias sociales, de los reclamos democráticos de los actores políticos para construir un sistema de participación política en condiciones de igualdad y equidad y contar con una democracia robusta; pero, me parece oportuno preguntarse ¿Sí ya no es necesario continuar haciendo reformas a la normatividad electoral? Y como consecuencia ¿Ya no debe haber más cambios en la estructura orgánica institucional electoral?
Basado en la narrativa de la obra de Rodolfo Duarte Rivas, en el “Capítulo I. Antecedentes históricos de la justicia político-electoral en México”, puntualiza que la justicia electoral de México en primer momento, ha tenido un progreso significativo conocido como, contencioso político y que va del año 1824 al de 1987; etapa importante de la historia en nuestra nación, por el papel destacado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando conoció de cuestiones políticas a través del amparo, principalmente en la construcción de la tesis sobre la improcedencia de origen que resultó del debate entre los juristas Iglesias y Vallarta.
En un segundo momento, se recurrió a la autocalificación de las elecciones por las cámaras de legisladores en los llamados colegios electorales. En el tercer punto, está el periodo contencioso en el cual se dan reformas a la ley electoral para otorgar facultades a la Corte de investigar violaciones al voto popular, asimismo aparece la Comisión Federal Electoral. Un cuarto momento, es la reforma política del año 1977, una de las más relevantes para la vida democrática de México, puesto que en ella comienza el proceso de institucionalización y reconocimiento constitucional de los partidos políticos, acontecimiento que significó el primer paso para el proceso de transición democrática. Por último, se identifica la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral en la reforma de 1987, así como la creación del Código Federal Electoral.
Después de estas etapas, vienen otras aportaciones legislativas sustanciales para la democracia, como lo describe Flavio Galván, la creación del primer tribunal electoral en 1987, la creación de la primera autoridad administrativa que fue en su momento el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, surge en 1996 la tutela de los derechos políticos electorales a través del Juicio de los Derechos Políticos del Ciudadano (JDC), el fortalecimiento del sistema electoral en 2007 y los últimos movimientos en el 2014 cuando el IFE cambia a Instituto Nacional Electoral (INE), incorporación del derecho de igualdad entre hombres y mujeres y la maximización de los derechos humanos en cuestiones político electorales.
Como se puede apreciar, las reformas van acorde a las necesidades de tiempo, modo y lugar; no se duda que surjan otras más en las que se adopten nuevas tecnologías para la impartición de justicia y el voto electrónico; por último, sin restarle importancia, el fortalecimiento al federalismo respetando las instituciones autónomas impartidoras de justicia electoral local en cada entidad. La construcción de la edificación democrática en nuestro país, no podrá avanzar sin la participación ciudadana, ya que es el baluarte vital de nuestro sistema electoral. Es tarea de todos continuar fortaleciéndolo, de ahí la importancia de continuar haciendo reformas electorales y las acciones que sean necesarias para perfeccionar y mejorar la estructura orgánica de las instituciones electorales.
