LA LEY DE HERODES

Por Miguel Ángel Isidro

Como ya lo hemos consignado, es evidente que los resultados de la elección presidencial de 2018 fueron una patente muestra del hartazgo y repudio ciudadano al régimen hasta ese entonces imperante.

En la actualidad, sin mucho rigor ideológico de por medio, la sociedad politizada identifica al los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) como el origen de todos los males engendrados por los llamados “gobiernos neoliberales”.

En efecto, la sociedad votó por un cambio de régimen, y en este contexto, el discurso rupturista del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador generó un fenómeno de popularidad inédito en la historia reciente del país, que se vio reflejado en una cómoda ventaja de 30 millones de votos sobre sus contendientes, mismos que a nueve meses de gestión presidencial le siguen representando un muy favorable margen de aprobación ciudadana.

Sin embargo, ésta “ola lopezobradorista” ha tenido efectos secundarios en la geografía política del país, habida cuenta de los amarres y alianzas que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tuvo que construir para llegar al poder.

Un caso peculiar de esta situación se está dando en Morelos, entidad que actualmente es gobernada por el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien fue postulado por una coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

Morelos es una de las pocas entidades federativas que ha sido gobernada alternadamente por las que hasta 2018 eran las tres principales fuerzas políticas: el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); siendo éste último el instituto electoral que mayormente resintió el voto de castigo de los morelenses, tras la desastrosa gestión del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.

En la elección local de Morelos se dio una combinación de factores para la alternancia: el fuerte desgaste sufrido por las fuerzas políticas tradicionales por malos resultados en gestiones municipales, legislativas y a nivel estado; y una evidente crisis de liderazgos generada por el descarado “chapulineo” prevaleciente entre los cuadros políticos locales. Existen algunos personajes que en menos de una década han ocupado distintos cargos de representación popular o han sido integrados como funcionarios de los tres niveles de gobierno cambiando hasta tres o cuatro veces de partido político, situación que generó entre los morelenses la sensación de que votar por cualquiera de los partidos hegemónicos significaba prácticamente “por los mismos de siempre”.

Cómo se sabe, la incursión del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco en el escenario político morelense se ha dado bajo circunstancias donde se entrecruzan la popularidad de un ídolo deportivo, la mezcla de conveniencias políticas y el entrecruzamiento de grupos de interés económico. En el gobierno de Morelos nunca queda claro dónde comienzan o terminan las políticas públicas, los negocios y el lucimiento personal.

A casi un año de su llegada al poder,  Blanco Bravo ha dado reiteradas muestras de su incapacidad para el servicio público. Muy al margen de su precaria formación escolar (sólo tiene secundaria trunca), es público y sabido que desde su estancia en la Presidencia Municipal de Cuernavaca (2015-2018), ha delegado toda suerte de decisiones y representaciones importantes en la figura de su otrora apoderado deportivo José Manuel Sáenz Rivera, ciudadano español de nacimiento, quien actualmente se desempeña como Jefe de la Oficina de la Gubernatura, posición expresamente creada para este mandato y dotada de amplísimos poderes que lo han convertido en una suerte de “Vice gobernador”.

En estos momentos, el estado de Morelos atraviesa una complicada situación política y social. En fechas recientes se ha recrudecido la lucha entre grupos del crimen organizado por el control de territorios en prácticamente todos los municipios del la entidad; el gobernador mantiene ausencias prolongadas de sus responsabilidades públicas; el congreso local se encuentra fragmentado por una pugna interna entre legisladores de tres fuerzas políticas -Morena, Encuentro Social y el PT- que pelean descarnadamente por hacerse del control de la cámara; el Poder Judicial de Morelos está al borde de una crisis constitucional por el choque de grupos que han provocado una serie de reformas legales sobre la permanencia de los magistrados -que con el auspicio del ex gobernador Graco Ramírez se había ampliado a 20 años- y el manejo de la Presidencia de dicho órgano.

Para colmo de males, los alcaldes de los 36 municipios se debaten entre la carencia de recursos suficientes para brindar obras y servicios a la población, habida cuenta del estira y afloja entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el Delegado Federal de los programas de bienestar del presidente López Obrador, Hugo Éric Flores Cervantes y grupos políticos locales, que han entrado a la rebatiña de recursos y espacios, a pesar de los postulados planteados en la materia por el jefe del Ejecutivo Federal.

Por si fuera poco, investigaciones periodísticas locales han revelado que en varios municipios del estado, los grupos del crimen organizado han puesto “a cuota” a los alcaldes, quienes bajo amenazas de muerte se ven obligados a entregar sumas de dinero, contratos y hasta espacios en las nóminas de dependencias y organismos municipales, lo cual complica la operatividad de dichas comunas.

Si bien en un momento dado para muchos ciudadanos la posibilidad de votar por un personaje precariamente preparado, sin experiencia en la función pública y desarraigado como Cuauhtémoc Blanco representaba la única opción de castigar electoralmente a quienes durante sexenios han lucrado con los recursos del estado e hicieron de los negocios al amparo del poder han modo de vida, lo cierto es que no ha tenido que transcurrir mucho tiempo para hacer patente que el remedio resultó más caro y lesivo para la entidad que la propia enfermedad.

Incluso en fechas recientes, se ha revelado una abierta injerencia del medio hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina en asuntos del gobierno estatal. Sin tener un cargo oficial o facultad legal alguna, se le ha consignado lo mismo “tirando línea” a diputados locales, que participando en posición preponderante en reuniones privadas del gabinete estatal. En la prensa local a Bravo Molina  ya se le conoce como “El Hermano Incómodo”.

Algunos analistas ven detrás del estado actual de descomposición social y política de Morelos la mano de ex gobernador Graco Ramírez, quien tuvo la habilidad de mantener una red de intereses políticos muy por encima de los alcances de su partido, el agonizante PRD. No pocos especulan en un pronto retorno de Ramírez Garrido a la escena política.

 Sin embargo, no deja de ser desconcertante la notoria lejanía del gobierno federal hacia la problemática morelense.

Hay quienes atribuyen ésta situación a un distanciamiento entre el Presidente López Obrador y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, por la negativa de este último de entregar posiciones de relevancia a militantes de Morelos, pero también a una peligrosa y notoria práctica del actual mandatario federal en el sentido de dotar de poderes y facultades extra legales a sus “súper delegados”, quienes evidentemente tienen preferencia y cercanía con el Primer Magistrado de la nación en el análisis y seguimiento de la problemática en cada entidad federativa.

Este primero de octubre, Cuauhtémoc Blanco cumplirá su primer año como gobernador de la entidad. Es previsible que en torno a esa efeméride se presente un agudizamiento de la crisis local y que diversas corrientes comiencen a pronunciarse por la revocación de mandato en Morelos.

Durante su gestión como alcalde de Cuernavaca, Blanco Bravo y sus allegados presumían cercanía con el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. En la actualidad, a pesar de presumir en público de una excelente relación con el Presidente López Obrador, no se vislumbra especial cercanía del gobierno morelenses con ningún funcionario del gobierno federal y en contraparte, han sido públicos los desencuentros y roces del ex futbolista con la todavía dirigente nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky.

Dicho sea otra manera: El ex futbolista está sólo y auto marginado ante el complicado escenario de crisis que la entidad morelense enfrenta.

En fin, que las siguientes semanas serán cruciales para verificar si el voto de castigo de los morelenses fue una decisión correcta o un experimento fallido.

Veremos y comentaremos.

Twitter:@miguelisidro

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