Por Dagoberto Santos Trigo
Ha sido muy gratificante estar en tierras chiapanecas. Y lo ha sido por un motivo fundamental: ser testigo directo, de primera fuente, en un lugar de privilegio, de la primera experiencia comunitaria de las y de los habitantes del municipio de Oxchuc.
En tierra de los Altos, a casi 50 kilómetros de San Cristóbal, se escenificó una nueva oportunidad para la paz, para concretar el deseo de cambio de la gente que ha sido relegada del progreso por siglos, por milenios, por generaciones.
En la plaza central de aquel municipio fui testigo directo de un acontecimiento sin precedentes: la reunión de más de 12 mil pobladores de las distintas localidades, comunidades, rancherías, cuadrillas, colonias y vecindarios que conforman el municipio para elegir, a mano alzada y sin intermediarios, a quienes integrarían el cabildo para el ejercicio trianual de gobierno 2019-2021. Concretamente al Concejal Presidente, a la síndica y a las personas encargadas de las regidurías, en igualdad de oportunidades entre los géneros.
Se trata de otra experiencia en la que las y los pobladores indígenas hacen uso de sus derechos a la libre determinación, a la elección de sus autoridades municipales, para expresar su sentir y para organizarse políticamente de otra manera, al alejarse del sistema tradicional de partidos políticos.
Al igual que en Cherán, Michoacán; que en Ayutla de los Libres, Guerrero; o que en múltiples municipios oaxaqueños; observé pies descalzos, pasos lentos, fatiga en el rostro, expresiones faciales de desaprobación, pero también hombres con sus implementos de labranza, mujeres cargando a sus vástagos, esperanza en las caras juveniles, asombro ante las multitudes, vestimenta que reflejó la algarabía del momento, caras expresivas entre alegría, serenidad y concentración a la información de los oradores.
No es fácil reunir a tal cantidad de personas para un evento que no es propiamente una festividad religiosa, un acto musical popular o una actividad de entrega de apoyos gubernamentales. Resulta de una logística compleja culminar con un acto multitudinario en la asamblea comunitaria.
Se necesita mucha voluntad, enorme disposición para no claudicar, para no rendirse ante las múltiples barreras impuestas tanto por la cultura de sometimiento dominante, como por las presiones de quienes se ven afectados en sus intereses creados, en particular, el de los hombres fuertes de siempre, el de las rutinas y prácticas políticas consumadas, el de las formas y maneras añejas de ver a la actividad política como un botín, más que como un servicio colectivo.
Para los cambios profundos se necesitan seres humanos comprometidos con su gente y su tiempo. Uno de ellos, que ha sido pieza fundamental en lo que observé, se llama Gabriel Méndez López, abogado comunitario formado en las aulas de la Facultad de Derecho de la UAS, de la mítica universidad sinaloense combativa y combatiente.
Tuve el honor de conversar con él, así como con otro abogado talentoso, Manuel Vázquez Quintero, quien se unió a la plática, y a los que les expresé mi admiración por su compromiso con las causas justas y quienes me manifestaron los sinuosos caminos que han recorrido hasta encontrar la justicia electoral indígena.
En este diálogo ameno y cordial con ellos, pude entender que su cruzada por el cambio de régimen y de elección va más allá de un simple compromiso temporal: en las acciones de ambos personajes radica la nueva forma de entender las causas políticas, las nuevas maneras de hacerse escuchar ante el muro de la ignominia, de las prácticas patrimonialistas, de la intolerancia, del abandono y de la desigualdad social.
Siempre apegados al mandato de las leyes electorales, ambos personajes han logrado, con el conocimiento jurídico en sus mentes, los pequeños grandes cambios que prodigan una esperanza para cientos de miles de personas.
Ellos han sido los operadores de una oportunidad diferente de relación social. Ellos reflejan el anhelo de miles de personas indígenas que quieren defender su dignidad como comunidad, y verificar que el discurso de los derechos humanos a la participación política no es solamente un discurso bien intencionado.
La experiencia de Oxchuc debe constituir un llamado de atención para todos los sectores involucrados. Un llamado para que impere la inclusión de las etnias, de indígenas y no indígenas, de mestizos, afromexicanos, y todas las variantes demográficas de nuestro país. Los gobiernos deben ser producto de una efectiva voluntad popular.
En México deben respetarse los derechos de las minorías y quienes participan en las elecciones constitucionales deben seguir y acompañar las necesidades y deseos de la gente.
Apartarse de los intereses populares puede llevar, a largo plazo, al quebrantamiento de la confianza en el sistema de partidos y a sustituir el modelo por uno más generoso, más acorde con la dinámica poblacional indígena, a un modelo más cercano a la población que reclama una atención inmediata y desinteresada.
