*La violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles cuando no hay respaldo institucional
Sólo cinco de los ocho municipios que tienen Alerta de Violencia de Género (AVG) asistieron a la tercer mesa de trabajo para la prevención y atención de los delitos cometidos en contra de las mujeres, que organiza la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH) A.C., misma que se realizó en Temixco.
Cabe señalar que los municipios que no asistieron a la reunión son Xochitepec, Yautepec y Cuautla, pese a que en los dos últimos se registran altos niveles de violencia en contra de las mujeres; por el contrario sí lo hicieron Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Jiutepec y Temixco.
En el evento, que se realizó en la Instancia de la Mujer de Temixco, se revisó del funcionamiento de las instancias de la mujer, sus funciones, atribuciones y actividades relacionadas con la Alerta de Violencia de Género y la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
Se ratificó la necesidad de llevar a cabo una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado con los ocho municipios con AVG, entendiendo la urgencia de revisar los casos, el estado que guardan las investigaciones y las medidas de procuración de justicia que la dependencia está llevando a cabo en materia de feminicidio y delitos cometidos en contra de las mujeres, por lo que se envió oficio al fiscal Uriel Carmona Gándara para fijar la fecha de dicha sesión.
El intercambio de información y experiencias en el desarrollo de las actividades y estrategias en cada municipio permitió sacar conclusiones sobre las mejores prácticas en materia de atención, prevención y acompañamiento a mujeres que son víctimas de violencia para evitar que culminen en el extremo del feminicidio, ya que se constató que en la medida en que se cumplen los indicadores establecidos por la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres en el decreto de AVG se obtienen resultados favorables a los derechos de las mujeres.
También se analizaron las limitaciones institucionales, las prácticas burocráticas y de falta de coordinación interinstitucional, así como la falta de recursos que se aprueban pero que no se entregan, llegando al extremo de enfrentar bloqueos de tipo político ejercido por superiores jerárquicos que ejercen violencia institucional, lo que impide aplicar de manera integral políticas públicas de prevención de la violencia.
Aún cuando el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece claramente la unidad de género, medidas de atención integral, de seguridad, de prevención que permite trabajar coordinadamente con servicios públicos, comunicación social, el DIF y el sector salud para los casos de violencia femincida y todo tipo de violencias contra las mujeres, en muchas ocasiones prevalece la violencia institucional que revictimiza, por lo que se requiere instrumentar campañas de visibilización en todos los niveles de la sociedad y de los propios servidores públicos, utilizando todos los recursos al alcance, que van desde campañas de perifoneo directamente en las colonias, la utilización de campañas innovadoras y con contenidos concientizadores en las redes sociales, así como en los medios de comunicación.
La violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles cuando no se toman las medidas por las instancias ni se cuenta con el respaldo institucional que en muchas ocasiones niega o limita los recursos establecidos y etiquetados para atender la Alerta de Violencia de Género y al no llegar afecta en las actividades, en la cantidad de personal capacitado para atender y realizar campañas directas a través de marchas exploratorias, talleres de corresponsabilidad, prevención del delito, violencia en el noviazgo, aprender a decir “No”, nuevas masculinidades, entendiendo que no hay que victimizar a las mujeres sino ir al fondo de las causas generadoras de violencia estructural en la sociedad, por lo que las tareas de acompañamiento psicosocial permite no solo denunciar, sino fortalecer a las mujeres para superar el daño físico y psicológico generado por la violencia, exigiendo mayor sensibilidad y capacitación del personal que atiende en las instituciones dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.
Por lo anterior se considera necesario que haya reuniones en cada municipio, donde se invite a todas las instancias que tienen que ver con la atención a las mujeres y se revisen puntualmente las medidas y acciones que les corresponde a cada una de ellas, sobre todo en aquellos municipios en donde hubo cambio de administración y no hay una continuidad del personal de las instancias de la mujer.
El compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobierno con la organización de la población, permitiría avanzar en la sensibilización social y acabar con la indiferencia o el temor provocado por la violencia feminicida, por lo que se solicitará ser incluidas todas las instancias de la mujer en las sesiones de trabajo con las y los titulares de las presidencias municipales, la CONAVIM y el gobierno del estado para que nunca más se incurra en omisión, simulación o negligencia en el combate al feminicidio en Morelos, fue una de las principales conclusiones de ésta tercera mesa de trabajo sobre la AVG.
