*En su primeros 100 días superaron los asesinatos registrados con Enrique Peña y Graco Ramírez
Por José Luis Garcitapia
Durante los primeros 100 días del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo se han registrado 30 feminicidios en Morelos, muy por encima de los registrado en el mismo lapso de Graco Ramírez; además los meses de enero y febrero de 2019 han batido los records en asesinato de mujeres, informó la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, durante los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 44 feminicidios en Morelos, añadió el organismo.
“Cabe destacar que los meses de Enero y Febrero del 2019 han superado la cantidad de feminicidios ocurridos en otros años durante los mismos meses, razón por la cual los 44 feminicidios ocurridos durante los primero 100 días de su mandato han superado los 14 feminicidios ocurridos durante los primeros 100 días del Presidente Enrique Peña Nieto”.
Ante el aumento en los feminicidios en el arranque de los nuevos gobiernos del Estado y Federal la CIDH exigió:
Al Gobierno del Estado: Que se lleve a cabo la sesión de trabajo con los 8 municipios que tienen decretada la AVG para revisar la implementación de todas las medidas decretadas por la CONAVIM, para atender, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.
Al Gobierno federal: Que se lleve a cabo la mesa de trabajo con la CONAVIM y Gobernación para revisar los alcances y actualización de los índices de cumplimiento de las medidas de Alerta de Violencia de Género decretadas desde el 10 de agosto de 2015.
Quiénes son las víctimas de la violencia
Las niñas y las mujeres asesinadas en Morelos tenían distintas edades, entre ellas hay niñas y ancianas y mujeres jóvenes y mayores y adolescentes; pertenecían a todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, algunas fueron mujeres ricas, de clase alta y de las élites.
El abanico abarca analfabetas, con estudios básicos, otras más eran estudiantes, técnicas, universitarias, posgraduadas y con excelencia académica.
En su relación con él o los agresores eran: desconocidas, conocidas, cónyuges, parientas y amigas; había entre ellas solteras, casadas, ex esposas, unidas, novias, ex novias, hijas, hijastras, madres, hermanas, nueras, primas y suegras; vecinas, empleadas, jefas, subordinadas, estudiantes, desempleadas, prestadoras de servicios, maestras, meseras, modelos, burócratas, turistas, vacacionistas y transeúntes; la mayoría eran niñas y mujeres de esfuerzo, trabajadoras formales e informales.
También fueron asesinadas mujeres ligadas a delincuentes; ciudadanas de a pie, activistas y políticas, casi todas eran mexicanas y entre ellas, algunas indígenas nahuas y wixarika; algunas eran extranjeras: alemana; a la mayoría las asesinaron en sus casas y a otras no se sabe dónde pero sus cuerpos fueron hallados en la vía pública, en una tienda, en una construcción, en un coche, en una cueva, en un páramo, en una carretera, en un río, en una casa de secuestro.
El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 935 casos en 18 años
Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social.
Las mujeres son doblemente victimizadas. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural.
Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.
Uno de los primeros objetivos de ésta Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se atienda la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que éstos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones. Es así que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida y determinar las medidas a subsanar.
Pero es necesario que las Organizaciones Solicitantes del Mecanismo estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar.
Por otro lado vemos como los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran, ya que aún no hay un funcionamiento adecuado del Banco Estatal de Datos sobre hechos de violencia que sufren las mujeres, que sirva para homologar la información y sistematizar las medidas que se desprendan de su análisis.
Asimismo, es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración. La falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que tiene como consecuencia un gran daño social.
De igual modo, la profesionalización y especialización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, debe ser obligatoria y permanente para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como al Tribunal Superior de Justicia. La Restitución Integral del Daño debe incluir apoyos inmediatos para las que han sufrido de violencia de género, especialmente a las de feminicidio.
A servidores públicos que por acción u omisión hagan un mal trabajo que impida a las victimas alcanzar justicia, debe aplicarse penas que contemplen una multa, prisión e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública o de elección popular.
La investigación del feminicidio ha sido labor fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil y por ello, mientras exista un feminicidio impune no habrá justificación legal, política y ética por parte de las autoridades para no tomar todas las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género.
