Ante la pretensión de algunos diputados del Congreso de Morelos de cerrar el proceso de selección del nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), para que sólo a través de propuestas directas de grupos parlamentarios se proponga y designe al próximo fiscalizador, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) envió un enérgico oficio de protesta al Poder Legislativo para exigir que la convocatoria sea abierta para todo profesionista que reúna los requisitos constitucionales y especiales que prevé la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos y no se elija por “dedazo”.
Lo anterior en virtud de que el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morel tuvo acceso al proyecto definitivo de la convocatoria, misma que establece (en la base Tercera), que la presidenta de la Junta Política y de Gobierno , durante el proceso de selección fungirá como “presidenta de la Comisión Calificadora” y sólo recibirá propuestas directamente de los grupos parlamentarios “interesados”.
La agrupación expuso -en el oficio de protesta-, datos duros que evidencian que la ESAF, actualmente es un “elefante blanco”, en virtud de que, “…en el último año sólo ha concluido siete auditorías, siendo que en 2018 tuvo un presupuesto de 18 millones 500 mil pesos”, (cosa que implica que cada auditoría tuvo un costo de 2 millones 642 mil pesos), “llegando al absurdo de que sería más económico contratar despachos privados para hacer las auditorías, que seguir manteniendo la ineficaz labor del órgano fiscalizador.”
Cabe mencionar que recientemente el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos sostuvo una reunión de trabajo precisamente con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien al abordar el tema de la ESAF, dijo apoyar al actual encargado de dicha institución, Uriel González Sotelo, lo que generó de inmediato el rechazo y protesta a dicho personaje, al grado de que en el oficio de referencia presentado el pasado siete de marzo y dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, señalan textualmente que: “Con absoluto conocimiento de causa (…) sabemos que algunos funcionarios que han sido Auditores Especiales de la ESAF (y que por tanto son corresponsables de su rotundo fracaso), cínicamente pretenden ahora postularse para el cargo de Auditor General y, lo más grave, es que cuentan con el apoyo de algunos legisladores…”
Condenaron el hecho de que Uriel González Sotelo sea el mismo que, como Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal, haya “limpiado” las cuentas del ex gobernador Graco Ramírez, relacionadas con los millonarios desvíos de los préstamos solicitados y obtenidos por éste.
Además, los profesionistas de la ciencia contable, citando como fuente la agrupación civil “Morelos Rinde Cuentas”, dijeron que el favorito es corresponsable de que existan “Auditorías concluidas que datan del año 2011 y años subsecuentes, mismas que inexplicablemente nunca fueron publicadas, con la consecuente interrupción del proceso de fincamiento de responsabilidades, lo que genera impunidad total”. También hay, dijeron, “auditorías sin concluir que datan del año 2013 y años subsecuentes que injustificadamente no han sido concluidas, lo que evidencia un rezago inaceptable”.
Añadieron que: “por la ineficacia de la ESAF, no existe resarcimiento a las arcas del gobierno del estado, ni de los municipios, esto por los desvíos detectados en las escasas auditorías desarrolladas por la ESAF”.
Finalmente concluyen diciendo en el oficio que: “la ineptitud que actualmente evidencia la ESAF, se complementa con la notoria negligencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que ha dado como resultado que en Morelos no exista ningún funcionario sancionado por peculado, desvío de recursos o ejercicio indebido del servicio público, toda vez que los pocos expedientes que fueron judicializados, todos sin excepción fueron resueltos con sentencias absolutorias para los imputados, o sea que, no es que no haya corrupción, sino que hay es impunidad garantizada para todos”.