Agenda Político Jurídica
Por AlejandroCorona Markina
Eran alrededor de las 02:00 horas de la madrugada del pasado 9 de enero, cuando los quince diputados opositores al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, aprobaron un paquete presupuestal totalmente contrario al enviado por éste. La guerra mediática y jurídica había comenzado.
Los aplausos que el grupo de los 15 esperaban por la supuesta defensa de los morelenses en contra del reemplacamiento, se convirtieron en mentadas de madre una vez que se conoció que ellos mismos se aumentaron cien millones de pesos para el ejercicio presupuestal de este año, esto a pesar de que ahora son menos legisladores. Decir que van a «atender» más distritos para justificar la medida, es un verdadero insulto al intelecto. Pero más aún enardeció a la opinión pública el asunto de los 10 millones de pesos destinados a la fundación de la diputada Tania Valentina Rodríguez, misma que -consta documentalmente-, es una fachada para la distracción de fondos públicos.
Por otra parte, más allá de la amplia difusión que se ha dado a las contradicciones e irregularidades ocurridas en la aprobación del paquete presupuestal del presente año (todavía no es definitivo), simultáneamente se da una batalla jurídica que cada día sube de tono. Sólo unas horas después de que fue aprobado el presupuesto de 2019, el grupo de los 15 anunció que serían removidos de sus cargos el presidente del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín; incluso se dijo que el primero de los mencionados renunciaría por su cuenta.
Pero no. Ni renuncia ni remoción (por ahora). El diez de enero, las diputadas Tania Valentina Rodríguez y Blanca Nieves Sánchez Arano, acudieron de manera prepotente a la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, a amenazar al personal con denuncias de carácter penal, en caso de «modificar» documentos en poder de dicha secretaria. Sucede que «alguien» les dijo que en el transcurso del día anterior, se habían sacado cientos de copias y hecho certificaciones de actas, desconociendo dichas legisladoras el uso que se daría a las mismas. Por eso la amenaza fue genérica, pues bien a bien no sabían que era exactamente lo que había ocurrido allí. Por cierto, la diputada Sánchez Arano es la misma que acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a acusar al diputado federal Jorge Argüelles, por llamarla «maestra Canuta», pero ella misma también podría ser acusada ante la propia dependencia, por los actos de intimidación y amenazas vertidas a trabajadores de a Secretaría de Servicios Legislativos.
Demasiado tarde fue la reacción, pues para ese entonces el diputado presidente del Congreso, conocido como «Ponchito», ya tenía en su poder copia certificada de todos los documentos necesarios para promover un amparo, el cual ingresó el día 14 de enero, ante el Juzgado Primero de Distrito, mismo que lo admitió con el número 55/2019 y otorgó suspensión provisional para que no sea removido del cargo.
Los diputados del grupo de los quince, son los mismos que se niegan a analizar la solicitud de remoción del Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, argumentando que tiene una suspensión derivada de un amparo. Pues bien, ahora en congruencia tendrán que comerse crudas y sin sal sus propias palabras, pues entonces de ninguna forma pueden proceder en contra de «Ponchito», pues él también tiene una suspensión derivada del propio juicio fundamental.
Pero el frente de guerra se encuentra abierto. Se señala que el paquete presupuestal fue hecho con «las patas» y a la carrera, por lo que tiene muchos puntos que pueden controvertirse. Fue tal el temor del grupo de los quince, que hasta notario público llevaron para certificar la entrega del documento al Gobierno del Estado. Por lo pronto, el Tribunal Superior de Justiciadel estado, ya controvirtió el presupuesto aprobado y se espera que el Ejecutivo haga lo propio. Bueno, hasta el mismo fiscal Uriel Carmona (que tanto han protegido), ha manifestado su inconformidad y amaga con recurrir el presupuesto.
Así, en esta lucha por el poder, todos pierden, pero más que nadie el pueblo de Morelos.
