En los días recientes, la propuesta de la nueva estrategia de seguridad presentada por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a encender la polémica nacional acerca de cómo debiera afrontarse el tema de la violencia criminal en nuestro país.
Y tal pareciera que una parte sustancial de este debate cae en la inevitable espiral de las confusiones sobre cuál debiera ser la mejor forma de combatir a la delincuencia organizada: que si con la famosa Guardia Nacional, que sí es un ejército bajo mando civil, que sí soldados y marinos deben regresar o no a sus cuarteles… en fin, argumentos similares a los que hemos venido escuchando desde que Felipe Calderón iniciara su malograda “guerra contra el narcotráfico”.
En el delicado asunto de la seguridad y el combate a la creciente violencia por parte de los grupos criminales, el gobierno de AMLO podría terminar fracasando, al igual que sus antecesores, si comete el mismo error que los gobiernos del PRIAN: no considerar la necesidad de una profunda reforma en el sistema penitenciario y de readaptación social.
Veámoslo así: sea la Guardia Nacional, el Ejército o la Liga de la Justicia la entidad que en un momento dado pudiera lograr que el largo brazo de la ley alcance a los delincuentes que más daño hacen a nuestra sociedad, con su eventual captura inicia un nuevo problema: dónde y cómo ponerlos a buen resguardo.
Digámoslo con todas sus letras: las cárceles mexicanas son controladas mayoritariamente por la delincuencia organizada, a ciencia y conciencia de las autoridades.
La muestra más severa y a la vez patética de la fragilidad del sistema penitenciario está, sin duda, en el caso del tristemente célebre narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán , fugado en dos ocasiones de centros penitenciarios denominados pomposamente como se “alta seguridad”.
A ello habría que agregar los escandalosos casos de fugas masivas en distintas partes del país que se suscitaron a inicios de la presente década – principalmente en entidades del norte, como Nuevo León y Tamaulipas-, de donde los cárteles sustrajeron a cientos de reos para reforzar sus cuadros en la encarnizada guerra contra otros grupos criminales y contra el propio gobierno. Uno de los casos más asombrosos se dio en el penal de Nuevo Laredo en diciembre de 2010, donde en una sola maniobra se fugaron 151 reos, que en el colmo del ridiculo, fueron sacados del área de seguridad en autobuses de pasajeros.
Son varios aspectos los que se deben corregir en el sistema penitenciario mexicano. Analicemos algunos de ellos:
1.- La capacidad carcelaria está rebasada. En México se llega fundamentalmente por dos motivos. Primero, cometiste un delito y no te pudiste evadir, o… segundo, no tuviste los recursos para comprar a la justicia, seas culpable o inocente. Las cárceles mexicanas están llenas de gente pobre, o de personas que por falta de conocimientos no han podido a acceder a una defensa. A ello hay que agregar el hecho de que en muchos penales del fuero común conviven sin distinción reclusos procesados con sentenciados, lo que complica aún más el establecimiento de un orden.
2.- Las cárceles mexicanas no son seguras. Ninguna autoridad puede presumir de tener el control total de lo que ocurre en el interior de una cárcel. Comprobado está que los grupos delincuenciales operan desde el interior de los penales, desde donde se trafica y se extorsiona. Y también es un hecho que cuando un delincuente cuenta con los recursos para evadirse, simplemente organiza su fuga.
3.- Las cárceles mexicanas no readaptan. Calificar a los penales como “universidades del crimen” no es un mero lugar común: es una realidad. Existen miles de historias sobre delincuentes menores que terminan siendo reclutados por la delincuencia organizada desde las propias cárceles. También está el problema del autogobierno, que para muchas autoridades representa un “mal necesario”. Y bajo ese esquema, dentro de la cárcel se trafica con drogas, armas, alcohol y sexo servicio. La masificación de la población carcelaria es otro gran problema que hace más difícil el control interno.
4.- Hay que pensar en el enorme costo operativo de los penales. Construirlos acondicionarlos, dotarlos de personal y equipo. Proporcionar los suministros necesarios para alimentar y uniformar a los internos. Todo ello con dinero del erario público.
Vea usted la paradoja: los impuestos de los ciudadanos, destinados a dar sustento a quienes secuestran, trafican, roban, extorsionan, defraudan, ultrajan y asesinan. Mal negocio para la sociedad, ¿no lo cree?
Por estas y otras razones, es imperativo que nuestras autoridades trabajen en la creación de un nuevo modelo penitenciario. Y que se diseñen programas para una readaptación social efectiva de los delincuentes. Es inaceptable que en México sigan existiendo cárceles donde convivan bajo el mismo techo y sin mayor control delincuentes de alta escuela y personas que roban por hambre.
Estos son temas que deben ser sometidos a un profundo y profesional estudio. Y ahí es donde se requiere, por ejemplo, de un verdadero compromiso de instancias como el poder legislativo. ¿Podríamos confiar en la presente legislatura para esa tarea?
El sexenio de Peña Nieto se caracterizó por las aprehensiones de un gran número de delincuentes calificados como “objetivos prioritarios”. Sobra decirlo: sin un sistema penitenciario eficiente, las capturas espectaculares no son un elemento suficiente para contener a la delincuencia.
Ojalá y la futura administración le entre al tema, o el sistema penitenciario seguirá siendo esa incómoda papa caliente que nadie atina a resolver.
Veremos y comentaremos.
Twitter: @miguelisidro
