Por Miguel Ángel Isidro
Tal y como se esperaba, el juicio iniciado la semana pasada en la Corte del Distrito Este de Nueva York en contra del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, está llamado a ser uno de los grandes escándalos de nuestro tiempo.
Y es que no es un asunto para nada menor. Se trata del proceso legal emprendido por la justicia norteamericana en contra del hombre que durante dos décadas ha sido considerado el mayor traficante de drogas del mundo, y que de acuerdo a las estimaciones de la fiscalía habría introducido a territorio americano durante su carrera criminal cerca de 457 toneladas de enervantes -marihuana, cocaína y metanfetaminas-, obteniendo una ganancia de 14 mil millones de dólares. Hay que recalcarlo, los hechos y cifras involucrados se circunscriben exclusivamente a los delitos cometidos en contra de la sociedad estadounidense.
A pesar de una gran cantidad de notas periodísticas y testimonios de testigos protegidos, así como de otros delincuentes confesos, al arranque del proceso, Jeffrey Lichman, uno de los abogados defensores de “El Chapo”, puso por primera vez en un contexto oficial una severa acusación: por lo menos en dos ocasiones, el Cártel de Sinaloa habría entregado sobornos a la principal figura del poder político en Mexico: el Presidente de la República. Y en este caso, se señala directamente al mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa.
Para empezar a analizar el impacto de estas afirmaciones, hay que señalar el contexto en que se dieron las afirmaciones. Jeffrey Lichman hizo dichos señalamientos en el discurso de apertura de la defensa, donde el objetivo principal es presentar las líneas de acción a seguir para debilitar los argumentos y pruebas de la fiscalía.
La justicia americana señala a Guzmán Loera como la cabeza principal de la organización criminal más peligrosa de México. Y para ello habrá de presentar durante el juicio una serie de pruebas y testigos, muchos de ellos, delincuentes que ya previamente se han acogido a la protección del gobierno norteamericano buscando beneficios legales a cambio de proporcionar elementos para sentenciar a Guzmán Loera.
El abogado defensor pretende probar que “El Chapo” no es el principal líder del Cártel de Sinaloa, posición que atribuye a uno de los principales socios de su cliente: Ismael “El Mayo” Zambada, aún prófugo de la justicia.
Es evidente que el escándalo mediático metió dichas afirmaciones en un juego de “teléfono descompuesto”. La mayor parte de los medios y redes sociales han esparcido la especie de que “El Chapo declaró haber dado sobornos a Calderón y Peña Nieto”, cuando en realidad, el abogado Lichman señaló que, como cabeza principal del cártel, “El Mayo” habría sobornado a las más altas autoridades mexicanas a fin de que la persecución se concentrara exclusivamente en “El Chapo”, fugado escandalosamente dos veces de carteles mexicanos de “alta seguridad”.
Incluso, la narrativa de la defensa señala que debido a esa situación, después su más reciente detención, “El Chapo” habría sido extraditado de manera casi inmediata a los Estados Unidos, mientras el verdadero líder del cártel sigue prófugo. De hecho, el abogado defensor señaló al Chapo como “víctima de un montaje del gobierno mexicano y la DEA”.
¿Cómo y por qué se distorsionaron las versiones? Resultaría interesante saberlo. Porque carecería de lógica entender que un delincuente pague un millonario soborno a cambio de ser apresado dos veces y finalmente extraditado a un país donde el sistema penitenciario es extremadamente estricto.
Por ejemplo: una de las notas más recientes del caso, en la etapa previa al arranque del juicio, fue la petición de Guzmán Loera al juez de un permiso para abrazar a su esposa, Emma Coronel, con quien no ha tenido contacto físico desde su captura. La petición fue negada, argumentando la peligrosidad del procesado. ¿Quién pagaría un soborno para ser remitido a semejante trato?
Otro aspecto que ha sido soslayado por los medios y los usuarios de las redes sociales fue el hecho de que el juez Brian Cogan pidió desestimar las afirmaciones de la defensa sobre los presuntos sobornos a presidentes de México y a agentes de la DEA, ya que no se ofrecieron pruebas de ello, además de que “no están directamente vinculados con el acusado”.
Más aún, en el segundo día del juicio, la fiscalía ofreció como testigo de cargo a Jesús “El Rey” Zambada García; hermano y lugarteniente de “El Mayo”, quien reiteró el señalamiento a Guzmán Loera como líder principal de la organización. Es decir, tácitamente habría puesto en duda la lógica de los sobornos.
De acuerdo a especialistas en la materia, el juicio contra “El Chapo Guzmán” tendrá una duración aproximada de cuatro meses, y se espera que durante el proceso se presente una auténtica lluvia de acusaciones que seguramente implicará a funcionarios, militares y empresarios mexicanos en las intrincadas redes de la delincuencia organizada y el lavado de dinero.
Pero para efectos de lo que atañe a nuestro particular interés, no debemos olvidar que “El Chapo” está siendo procesado por delitos en agravio del gobierno y población de los Estados Unidos, por lo que, al menos para los objetivos específicos del juicio, las implicaciones políticas del caso -en México, claro está- no son relevantes para la corte. Dicho en otras palabras: para que en este caso, una corte extranjera pudiera llamar a testimonio a presidentes o ex presidentes de otro país, habría que exponer evidencia contundente e inexcusable de que su actuación habría tenido repercusión directa en el caso. Es decir, la defensa -que es la que lanzó dichas afirmaciones- tendría que demostrar que sin la complicidad del gobierno mexicano, el acusado no habría tenido posibilidad de desarrollar sus operaciones delictivas. Algo sumamente complicado.
Falta muchísimo por ver y comentar sobre el tema, pero habría que considerar que el escándalo de los “Chapo-Leaks” tiene consecuencias directas contra tres actores importantes de la política en México: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Veamos:
Al ex presidente Calderón, los señalamientos del caso le llegan en muy mal momento. En primer lugar, porque vuelven a traer a la atención de la opinión pública mexicana las fatales consecuencias de su fallida estrategia de seguridad. Muertos, desaparecidos, empoderamiento de los cárteles y un aumento desmedido en la violencia criminal. Todo ello precisamente luego de que Calderón hizo oficial su renuncia al PAN y dio a conocer su proyecto para la creación de un nuevo partido político. Si el escándalo se recrudece, el ahora ex panista se verá obligado involuntariamente a mantener un bajo perfil.
Al presidente saliente Enrique Peña Nieto los señalamientos de la defensa del Chapo le echan a perder su intención de mantenerse “nadando de a muertito” en lo que muchos han llamado una “transición de terciopelo”. Peña y su equipo parecieran ser los más urgidos por la llegada del primero de diciembre, y el hecho de haber promovido amparos antes de dejar el poder hace evidente que el hombre que quiso “Mover a México” solo busca terminar la encomienda para desaparecer del mapa político. Y seguramente su propio partido, el PRI, podría ser uno de los principales interesados en borrar su memoria de la mente de los electores.
En el caso de Andrés Manuel López Obrador, las revelaciones del caso lo podrían obligar a salir de la zona de confort de su discurso de la amnistía y la “República Amorosa”. No hay que olvidar que hace apenas unos meses habría declarado su intención de “perdonar” a sus enemigos políticos, incluido el propio ex presidente Carlos Salinas, en pos de una necesaria “reconciliación nacional”.
Véalo así: si los ex presidentes Calderón, Peña o incluso Fox (como reclaman sus malquerientes) pudieran ser sometidos a algún tipo de proceso legal, esto tendría que ocurrir durante el gobierno obradorista, con fiscalía federal y legislatura obradorista. Si bien esto le podría significar el reconocimiento de la población que padeció las malas decisiones de los tres últimos sexenios, también implicaría el inicio de una guerra política sin antecedentes en la historia reciente del país. Y hasta donde se ve, AMLO está más enfocado a sus proyectos -Santa Lucía, Tren Maya, programas asistenciales- que a comprar pleitos de gran magnitud. Muestra de ello fue su decisión de frenar la reforma contra las comisiones bancarias y de llamar como asesores a los grandes barones del dinero: el nuevo presidente necesita aliados poderosos y AMLO lo sabe bien.
Y como también mucho se ha señalado, fue evidente el silencio que los grandes medios de comunicación mexicanos mantuvieron de manera inmediata a las severas acusaciones de Jeffrey Lichman. Eso sólo muestra algo más aterrador: el suprapoder que se mueve detrás de la narcopolítica. Un golpe certero a dicha estructura podría tener consecuencias graves para la frágil economía mexicana, tan dependiente de capitales de dudosa procedencia, o de negocios al amparo del poder.
Veremos y comentaremos.
Twitter: @miguelisidro
