De manera conjunta, los diputados integrantes de la LIV Legislatura, presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), una denuncia penal en contra de la LIII Legislatura y de los funcionarios que resulten responsables, por la venta de 32 vehículos propiedad del Congreso, falta de pago de retenciones que se realizaron a los trabajadores por conceptos ICTSGEM), ISR, IMSS, aprobación de cuentas públicas sin haber dado vista a la ESAF, expedición de cheques que se otorgaron a final de la pasada legislatura y desaparición de documentación oficial del sistema contable.
A las instalaciones de la FGE, acudieron los diputados Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva; Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno; Rosalina Mazari Espín, coordinadora de la fracción Parlamentaria del PRI; Dalila Morales Sandoval, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PAN; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PH; y Marcos Zapotitla Becerro, integrante del Grupo Parlamentario MORENA.
Sotelo Martínez afirmó que esta primera denuncia se realiza con base a los documentos que recibieron de la pasada legislatura, cuya revisión lleva un avance de entre un 80 y 85 por ciento; asimismo, aseguró que “no se trata de una cacería de brujas, ni persecución, sino de un acto de clarificación de cuentas” porque esta legislatura no es omisa y ratifica su compromiso social al responder a una exigencia del pueblo de Morelos.
Al enumerar los argumentos sobre los cuales sustentan dicha denuncia, señaló que la pasada legislatura efectuó la venta de 32 vehículos propiedad del Congreso por un monto total de 850 mil pesos, argumentando que el recurso obtenido sería utilizado para apoyar a grupos vulnerables, pero que “de acuerdo a los archivos” esto no se llevó a cabo, y tampoco fueron desincorporados los vehículos.
Agregó que hubo retenciones que se realizaron a los trabajadores del Poder Legislativo por conceptos como Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM); Impuesto Sobre la Renta que debieron enterarse al SAT, y cuotas del IMSS, cuyos adeudos, destacó, suman un monto aproximado de 34 millones de pesos, los cuales no fueron pagados a las instancias correspondientes.
Asimismo, al final de la LIII Legislatura se expidieron cheques que suman la cantidad de asciende a poco más de ocho millones 600 mil pesos; en tanto, hubo desaparición de documentación oficial del sistema contable, lo cual es necesario para poder cotejar las cuentas públicas y que deja a la nueva legislatura en un estado de desequilibrio porque “no tenemos elementos para cotejar”.
El diputado indicó que sumado a ello, la pasada legislatura aprobó sus las cuentas públicas sin haber dado vista a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
Indicó que será la FGE la encargada de fincar la responsabilidad “ya que nosotros confiamos en las instituciones que tienen la obligación de dar resultados y respuesta a lo ocurrido” y en este caso le corresponderá dar resultados y conducirse de manera transparente ya que los cargos públicos “no deben obedecer a los intereses de las personas ni de quienes los designaron, deben obedecer al interés público”.
