La secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, anunció la suspensión del proceso de regularización de taxis iniciado el 01 de enero de 2014 y la realización de un nuevo procedimiento que brindará mayor seguridad a los usuarios.
Explicó que tras una Revisión de Cumplimiento del proceso se detectaron irregularidades, por lo que el gobernador Graco Ramírez instruyó al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Jorge Messeguer Guillén, cese el efecto de los nombramientos de cinco servidores públicos.
En rueda de prensa, Adriana Flores informó que desde el inicio de la presente administración, en octubre de 2012, por instrucciones del gobernador Graco Ramírez, en Morelos se estableció una política de cero tolerancia a la impunidad y combate a la corrupción.
“Esta decisión se tomó por convicción personal y política del Gobernador, pero también en respuesta a un legítimo reclamo de los morelenses que quiere, como en todo el país, servidores públicos honestos, con ética, y profesionalismo”.
Recordó que el primero de enero de 2014, se abrió un proceso de regularización de concesiones para taxis que se realizó sin apego a la normatividad, lo que puso en riesgo su legalidad.
“Se trata del proceso publicado en el periódico oficial ‘Tierra y Libertad’, número 5153 de fecha primero de enero de 2014, para la regularización del transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente para la Zona Metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec”.
Agregó que el 27 de marzo, y mediante oficio se notificó al titular de la SMyT el inicio de una Revisión de Cumplimiento que comprendió el periodo del primero de enero de 2014 al 31 de marzo de 2017, la cual, en su primera etapa, arrojó diversas inconsistencias en el proceso de regularización del transporte público.
“La revisión se realizó sobre un universo de cuatro mil 391 solicitudes de concesión; de éstas, al 30 de mayo de este año, se han otorgado y validado mil 034”.
Detalló que las otras tres mil 357 solicitudes, no están en condiciones de continuar el trámite debido a las siguientes razones: La regularización del servicio público del transporte no se llevó a cabo de manera inmediata, como se instruyó en el Acuerdo del 01 de enero de 2014; la información para participar en el proceso no se puso a disposición del público en general; no se registró el trámite de Regularización ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ente encargado de autorizar los trámites y ponerlos a disposición de los ciudadanos; todos los trámites se hicieron a través de terceros; se aceptó documentación improcedente, como solicitudes y constancias de residencia con fecha anterior a la expedición del Acuerdo de Regularización; se encontraron constancias de antecedentes no penales e identificaciones del INE con fecha posterior al acuerdo de Regularización; falta de cotejo con documentos originales y documentos alterados.
Por lo anterior, agregó, el gobernador Graco Ramírez mandató al titular de la SMyT para que, con base en el Artículo 8 de la Ley del Servicio Civil, cese el efecto de sus nombramientos a los funcionarios involucrados en las irregularidades antes mencionadas: director general Jurídico, director general de Administración o Enlace Financiero Administrativo, subdirector de Servicios y Concesiones, director de Procesos Internos o quien realice las funciones de dicho cargo y el actual delegado en Cuautla.
Flores Garza subrayó que además se procederá a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, a efecto de que se inicien los procedimientos que deriven de las actuaciones mencionadas.
“El gobernador instruyó se suspenda el proceso iniciado el primero de enero de 2014 y se lleve a cabo uno nuevo procedimiento de regularización, cuyos detalles daremos a conocer en los próximos días”.
No obstante, adelantó que se revisarán debidamente los expedientes y se signará un acuerdo para mantener la comunicación con los concesionarios a fin de brindar mayor seguridad a los usuarios.
Hizo especial énfasis en que Gobierno del Estado no tolera ni oculta actos de corrupción, en ninguna dependencia del Poder Ejecutivo.
Resaltó el compromiso del Gobierno del Estado desde el inicio de la administración en el combate a la corrupción mismo que fue reiterado el pasado tres de mayo cuando se firmó, sin dudarlo, en la Conferencia Nacional de Gobernadores los 10 compromisos por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
“En Morelos, estamos haciendo las cosas bien, estamos comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad. Sabemos que las cuentas claras en el Gobierno generan confianza entre la ciudadanía, y la única manera de obtener esa confianza es a través de resultados concretos y medidas contundentes para responder a una de las mayores exigencias de los morelenses hoy en día: que los servidores públicos se desempeñen con honestidad y que se aplique todo el peso de la ley a quienes cometan actos de corrupción”.
