Washington, D.C.- A nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Graco Ramírez manifestó su respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la exigencia a los Estados Unidos para dejar sin efectos las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump en materia migratoria y garantizar que cualquier medida oficial se encuentre acorde con los tratados internacionales.
Durante un encuentro con el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, la vicepresidenta y relatora para México, Esmeralda Troitiño y el secretario ejecutivo Paulo Abrao, Graco Ramírez subrayó, “respaldamos la petición de la CIDH, sobre la urgencia que Estados Unidos deje sin efectos las órdenes ejecutivas en contra de los migrantes”.
Luego de que en el presupuesto enviado por Donald Trump al Congreso, demuestra que Estados Unidos pagará el muro, ya que solicita 4,100 millones de dólares, el mandatario morelense comentó «es la primera victoria contra el muro».
Además recordó que existen gobernadores como la republicana de Nuevo México, de origen mexicano, “una juez muy reconocida por cierto, Susana Martínez, quien dijo, a mí pónganme la carrera Nogales – Santa Fe, yo no quiero muro, sino una autopista. No hacen falta muros sino más puentes”.
Graco Ramírez advirtió que la construcción de un muro entre México y Estados Unidos afectará a millones de familias binacionales.
Apoyamos el llamado de la Comisión para evitar la suspensión de las ciudades santuario en Estados Unidos. Estamos de acuerdo en la condena que hace la CIDH, por la expansión de un sistema de cárceles que operen como centros de detención migratoria a lo largo de la frontera.
La CONAGO enfatiza que la política migratoria de Trump viola obligaciones establecidas en Tratados Internacionales, como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el Protocolo de Palermo, las cuales permiten a quienes lleguen a las fronteras, solicitar asilo o protección humanitaria; pone en situación de vulnerabilidad y en riesgo de violencia inmediata a mujeres, niñas y niños.
Graco Ramírez agregó que es necesario apelar a la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el tema migratorio para desarrollar políticas y compartir prácticas ejemplares entre los estados miembros.
Al entrevistarse con el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren Praeli, el gobernador de Morelos aseguró que las nuevas órdenes ejecutivas presentadas por el gobierno americano tienen consecuencias graves tanto para la comunidad migrante en Estados Unidos como para México, especialmente en la zona fronteriza.
Por ejemplo, relató, el caso de Guadalupe García de Rayos, quien fue acusada en 2008 de utilizar el número de Seguro Social que pertenecía a otra persona para obtener un trabajo en Glendale, Phoenix. Sujeta desde entonces a juicio de deportación en libertad condicional. Cada año se presentaba ante la corte a renovar su libertad. En enero de 2017 fue detenida y deportada sin audiencia, considerada como delincuente peligrosa.
Recordó el caso de Daniel Ramírez. Joven de 23 años, dreamer, se encuentra detenido y enfrenta la posibilidad de ser expulsado del país donde ha pasado la mayor parte de su vida.
Sobre los señalamientos que se han realizado al Ejército por su presunta participación en los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, el presidente de CONAGO manifestó que no es válido desprestigiar al Estado mexicano con mentiras.
«En ninguna investigación judicial, en ningún proceso que se lleva a cabo en México, establece la responsabilidad del Ejército mexicano en estos actos criminales. Todos tenemos derecho a estar en acuerdo o desacuerdo con el Gobierno mexicano, pero lo que es grave es venir mentir y decir cosas que no han ocurrido».
Destacó que quien ha tratado de descalificar al Ejército Mexicano, pretende ser el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, «viene hablar mal de ellos en Estados Unidos».
