Ayer se llevó a cabo una reunión entre Claudia Sheinbaum Pardo y 240 directivos de empresas mexicanas y de Estados Unidos. El encuentro fue organizado por el excanciller, Marcelo Ebrard Casaubón, ahora en la titularidad de la Secretaría de Economía.
Tras la reunión, se hicieron los anuncios de importantes promesas de inversión extranjera en México, en los sectores energético, turístico y comercial. Entre cuatro consorcios, la suma de estos capitales foráneos podría superar los 20 mil millones de dólares. Para darnos una idea de su magnitud, el año pasado, 2023, se registró una cifra de inversión récord: 36 mil millones de dólares.
Hablamos, entonces, de una inversión que por sí misma representaría más de la mitad de toda la inversión extranjera directa del año pasado. Y sería solamente por parte de cuatro grandes consorcios empresariales: El más grande, Mexico Pacific, invertiría 15 mil millones de dólares en el desarrollo de energías limpias. El siguiente, una empresa especializada en la construcción y operación de depósitos de combustibles aportaría 10,400 millones, entre 2025 y 2026. Amazon, crecería su capacidad y red digital con 6 mil millones y Royal Caribbean desarrollaría un proyecto turístico en el sur de Quintana Roo con unos 1,500 millones.
Vistos los números en frío y presentados así, bajo el planteamiento de fortalecer el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) suena sensacional y muy prometedor, toda vez que el ánimo percibido entre los asistentes ha sido calificado como favorable, probablemente como consecuencia del compromiso de la presidenta mexicana de dar certeza y confianza a los inversionistas, asegurando que las recientes reformas al Poder Judicial no los afectarán negativamente.
No obstante, vale la pena comentar lo que no se nos dijo sobre la reunión y las promesas de inversión que, según Ebrard, ya están confirmadas, pero podrían ser todavía mayores.
Primero, dado que todas esas empresas ya tienen inversiones anteriores en México, lo primero es que debería distinguirse si todo o qué parte de esos capitales son reinversiones o si se trata de recursos nuevos. Eso es muy importante para la economía nacional, porque recordemos que los capitales extranjeros no dejan las ganancias en el país, sino se las llevan, y lo que se deja son las inversiones que mantienen activas sus operaciones, lo que significa, en términos concretos, que lo que se queda son los puestos permanentes de trabajo que se hayan creado. Se comenzó a preparar la reunión apenas pasadas las elecciones, tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que la reforma al Poder Judicial sería aprobada antes de concluir su mandato. La principal intención era calmar el nerviosismo entre los inversionistas para evitar que se llevaran sus capitales a otros países.
Segundo, de acuerdo con los indicadores oficiales disponibles, el 57% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del año pasado, se concentró en cinco entidades federativas, siendo la Ciudad de México la principal receptora. Habría que analizar bien el destino de esos capitales para saber qué tanto ayudará para combatir la pobreza en los lugares donde más se requiere, pues con todo y la confianza, la certeza, ofrecidas, parece una remota posibilidad que los extranjeros acepten invertir en Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Morelos o Michoacán, como ejemplos, mientras la problemática de la inseguridad persista.
Y tercero, los inversionistas extranjeros también estarán al pendiente de lo que arroje como resultados la reforma al Poder Judicial, porque todavía no tienen claro cómo es que podría funcionar bien el sistema de juzgados especializados, con jueces que no se hayan preparado para ello y quizá apenas cuenten con un título y algo de experiencia, pero sin ninguna especialización.
En fin, todos escucharon ayer lo que querían escuchar, prometieron y se fueron a gusto. Nada más recuerden que prometer no empobrece.
Y para iniciados:
Quiero sugerirle la lectura del libro Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. En efecto, es un estudio científico, desarrollado por los economistas, Daron Acemoglu y James A. Robinson, recientes ganadores del Premio Nobel en esta área. Tanto sus hipótesis, como su teoría sobre la desigualdad económica y la evidencia contundente que presentan deberían hacer reflexionar a quienes tienen en sus manos el diseño y operación de las instituciones políticas y la democracia. Si para allá vamos, qué bueno. Pero si no, cuidado, una mayor precariedad nos espera.
La información es PODER!!!
