A pesar de todo lo que se sabe a través de innumerables notas periodísticas, reportajes, testimonios y estudios suficientemente sustentados, las acciones gubernamentales para combatir la corrupción al interior de los centros penitenciarios en México han dado muy pocos y pobres resultados.
Las cárceles, conocidas como “Centros de Reinserción Social”, si bien cumplen con su función de albergar a las personas privadas de su libertad, siguen siendo, histórica y estructuralmente, nidos de corrupción, violación de los derechos humanos y colusión de autoridades con los grupos de la delincuencia organizada, al grado de ser consideradas popularmente como auténticas “universidades del crimen”.
Al paso de los años, en los penales, como el CERESO de Atlacholoaya en Morelos, se siguen sucediendo desde autogobiernos hasta inconfesables vínculos de funcionarios públicos con líderes delincuenciales. Estas redes de complicidades, en conjunto con las acumuladas deficiencias en su dirección y operación, han quedado expuestas al producirse enfrentamientos entre facciones criminales, asesinatos de reos, fugas, negocios ilícitos que incluyen de todo, incluso el cobro para ingresar a quienes visitan a los internos.
A diferencia de los gobiernos anteriores, el nuevo, de Margarita González Saravia, no esperó a que sucedieran hechos trágicos para simplemente cambiar algún mando de medio pelo o al director del penal. Tras los acontecimientos de este sábado, fue anunciado el cese de todas y todos los mandos de este penal.
La zacapela del fin de semana que tuvo su origen en las inconformidades de un grupo de reos del dormitorio B, mismas que derivaron en un motín, con saldo de tres presos lesionados, puso al descubierto un entramado de corrupción con señalamientos precisos sobre nombres y apellidos, formas de operar, tráfico de objetos y sustancias prohibidas y cantidades de dineros que circulan de manera ilegal y permanente.
Por una parte, la investigación de los hechos corresponderá, ahora, a la Fiscalía General del Estado de Morelos, a cargo de Uriel Carmona Gándara, misma que no tendrá que partir de cero, pues cuenta con mucha información, pistas y testimonios a su alcance. Con todo lo registrado en las tarjetas informativas, en teoría, debería haber un pronto ejercicio de la acción de la justicia.
Por otra parte, el recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien ya también cuenta con toda una radiografía de lo que sucede en Atlacholoaya -y en los demás penales- deberá enfrentar el reto de, por fin, tras muchos años de inercias, aparentemente invencibles, poner orden y no solamente restablecer la gobernabilidad, sino combatir efectivamente la corrupción.
Dados todos los elementos con que se cuenta para la investigación, para ambos titulares, el de la Fiscalía y el de la Secretaría, cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia, el reto está en dar resultados contundentes en el corto plazo, pues, aunque el motín no haya pasado a mayores, no se trata de un asunto menor, sino todo lo contrario.
Y para iniciados:
La buena: nunca habíamos visto que un director del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos fuera tan bien recibido por los trabajadores como Leandro Vique Salazar, en quien se han depositado las esperanzas de que logre recomponer la pésima situación en que dejó al IEBEM su antecesor. Enhorabuena para los trabajadores de la educación en Morelos. La mala: pésimo augurio que no se haya presentado Omar Taboada Nasser, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, al inicio formal del proceso de entrega/recepción. Ni una semana de que dejaron los cargos y sobran indicios de que hay todo un cochinero.
La información es PODER!!!
