Finalmente, la voluntad del presidente de la República se cumplió. Su reforma al Poder Judicial ha sido aprobada y promulgada. Ya se encuentra en pleno vigor. Ahora, con poco más de nueve meses por delante, tendrá que apresurarse la confección de leyes secundarias y los reglamentos que se necesitan para hacerla operativa, y así llevar a cabo las primeras elecciones de jueces, magistrados y ministros, en junio del 2025.
Sin leyes y reglamentos claros, será muy difícil para el INE, ahora responsable de la organización, los cómputos, la publicación de resultados y la entrega de constancias de mayoría. Se tratará de una elección incluso más grande que la de legisladores federales, para las que se ocuparon más de cuatro mil millones de pesos. Si revisamos, será la elección más grande del mundo, pues en ningún país se hace algo similar para integrar al Poder Judicial.
Las leyes aplicables, hasta ayer, en materia electoral federal eran: La Constitución, La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, La Ley General en Materia de Delitos Electorales, La Ley General de Partidos Políticos y la Ley Federal de Consulta Popular. Esas leyes no son aplicables, así como están.
Cualquier conocedor de las leyes en materia electoral sabrá que la simple modificación a las existentes generaría una serie de entuertos o confusiones. Sí, ambas serán elecciones populares, las de autoridades civiles y la de los miembros del Poder Judicial. Sin embargo, tienen entre sí diferencias sustantivas.
Desde los objetivos, porque no es lo mismo elegir a representantes de la Nación y de las entidades federativas que a los juzgadores responsables de las respectivas jurisdicciones, territorialmente determinadas, el tipo de campañas electorales que llevarán a cabo, la cantidad de boletas, de nombres en cada boleta, urnas para cada tipo de elección, capacitación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, acciones susceptibles de ser impugnadas -como el financiamiento ilegal a través de los poderes fácticos, por ejemplo- y cuanto detalle resulte relevante para su correcta realización.
Y eso por lo que toca al Poder Judicial, pues todavía faltan un par de semanas al sexenio de AMLO, en las que querrá ver, al menos, ya aprobadas también el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA y la extinción de siete de los diez órganos constitucionalmente autónomos, si no es que más de su paquete de iniciativas, incluida la reforma electoral. Para todo ello, tiene los votos a su favor en el Congreso. En contra, ya solamente… el tiempo.
Pasaron 18 años, desde aquel 2006 en que se asumió como presidente legítimo de México, encabezó una resistencia civil contra los resultados de las elecciones presidenciales, se sumó a la estrategia de las izquierdas latinoamericanas de ideales bolivarianos, consiguió, primero 30 y luego 36 millones de votos populares y, hace unos días, tres votos clave en el Senado, de quienes no habían sido electos para votar en favor de la 4T, pero los consiguió, para cumplir con la sentencia de mandar al diablo a las instituciones.
Para terminar ese proceso, ahora viene una cascada de reformas.
Y para iniciados:
Para los demócratas, republicanos, claro, habría sido una buena señal ver a los representantes de los tres poderes de la Federación en los festejos de la Independencia de México, trabajando juntos por el bien de la Nación. Pero no fue así. El mayor de los mensajes simbólicos fue, precisamente, que quedara clarísima la preminencia del Ejecutivo y la lealtad de las fuerzas armadas. Los presidentes de las mesas directivas, del Senado y de la Cámara de Diputados, Fernández Noroña y Monreal Ávila, respectivamente, dieron señales estos quince días que lo tienen bien entendido y que su papel no va más allá de operar las decisiones presidenciales. Nada de contrapesos ni equilibrios. Nada de oposición real. Para el régimen basta con la testimonial. Si eso es lo que de verdad quiere el pueblo, pues que Dios nos agarre confesados.
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