Un primer “predictamen”, dijeron, “con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación”, también lo expresaron así, sobre la iniciativa de reforma constitucional, en “materia de simplificación orgánica”, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue turnado el pasado 8 de febrero a la Comisión de Puntos Constitucionales, ya fue entregado por el grupo parlamentario de Morena a esa misma Comisión.
Al final, en “Para iniciados”, hablaré sobre este primer párrafo, pues, las formas llevadas a cabo me resultan muy reveladoras de las intenciones de fondo.
En concreto, trata de la extinción, como se conocen hoy, de siete órganos constitucionalmente autónomos, así como de la distribución y absorción de sus funciones entre diferentes dependencias del gobierno federal, entre los que se encuentran: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y otros tres más.
En términos generales, considero que sí es importante y procedente llevar a cabo ciertas reformas y que los argumentos sobre que estos organismos fueron utilizados para la protección de intereses ajenos a los del pueblo de México, son ciertos y válidos. Pero también es cierto que, en diferentes momentos, la autonomía de estos organismos ha resultado muy incómoda, particularmente para el régimen y el estilo de gobierno, centralista y personalista, de López Obrador.
La discusión sobre la autonomía, sus reglas y aplicaciones, así como sobre los contextos jurídicos y políticos de México es muy amplia y se profundizó desde la década de los noventa, cuando hubo un gran impulso de las fuerzas políticas opositoras a un régimen que había evitado, durante décadas, que la división y el equilibrio de poderes fueran reales, con un exacerbado presidencialismo al que se propuso poner freno para impedir la excesiva concentración de poder, pero, sobre todo, su abuso. Sobre esos temas existe una extensa bibliografía.
Por un lado, la creación de diferentes organismos autónomos, independientes del Ejecutivo Federal, fue un logro de las oposiciones frente a un régimen que se negaba a dejar de abusar del poder. Sin embargo, también cayeron en desatinos, corruptelas y protección de intereses particulares, en ciertos tiempos y en diferentes medidas. Pero lo hicieron, además de ser onerosos. Por tanto, buscar su reforma es una opción que se antoja tan válida como necesaria.
No obstante, su extinción y el retorno a la asunción de sus funciones por parte del Poder Ejecutivo, es un extremo que supone, de nuevo, una concentración del poder y la eliminación de contrapesos y equilibrios, que tanto demandaron los partidos opositores, y que vulnerará los principios republicanos y federativos. Pero ese es un tema que trataremos en otra ocasión.
Por otro lado, aunque en el texto de 102 páginas se incorpora la síntesis de los Foros llevados a cabo recientemente, prevalecen, con puntos y comas, las propuestas del Ejecutivo y la premisa de “…resolver en primer término si efectivamente (esos organismos) son idóneos y necesarios, amén de consonantes y congruentes en el sistema constitucional para ser equiparados a los poderes públicos…” En otras palabras, si deben existir o no. Y la conclusión es un rotundo no.
Hay funciones y obligaciones que tienen que seguirse cumpliendo, a pesar de que se extingan a estos órganos autónomos. Resulta equivocado pensar que por ser absorbidas por otras instituciones el problema está resuelto de facto. No es así. Ya veremos, al tiempo, cómo la concentración del poder rebasa límites que creíamos establecidos, claro, para beneficio de los gobernados y no de los gobernantes en turno.
Y para iniciados:
Sobre el primer párrafo, algunas realidades de forma que nos pegan de gritos en el fondo: ¡Qué rico ser diputado, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales! No tuvieron que leer, analizar ni escribir nada. Luego de revisar el documento nos damos cuenta de que no es un “predictamen”, sino un dictamen en toda regla, ya terminado. Listo para ser votado. Redactado en la Secretaría de Gobernación y con el visto bueno de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y aunque monten todo un circo y haya quien ilusamente crea que se discutirá, lo cierto es que el Ejecutivo ya dio toda la chamba hecha a sus diputados. Nada más resta que hagan lo que antaño sucedía en el régimen hegemónico: ir a levantar el dedo. ¿Acaso no es todo un privilegio cobrar como diputado, nada más para decir “presente”, escuchar un rato, quizá, si no están en su celular viendo otras cosas y, luego, levantar el dedo? Eso también es concentración del poder, pero en otro poder, tapándole el ojo al macho ¿O usted cómo la ve?
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